Fue necesario que las bandas narco de Rosario tirotearan el supermercado de la familia de la esposa del futbolista Messi y que un grupo de vecinos, hartos de violencia sin control, hicieran justicia por mano propia para desbaratar guaridas de supuestos sicarios para que el Estado nacional tomara un poco más en serio el flagelo que vive el país, no sólo ya Rosario, por culpa de las bandas de narcotraficantes.
Esta vez el presidente de la Nación sólo apeló a los conceptos necesarios, sin más vueltas o frases bonitas, para informar a los argentinos del envío de más fuerzas federales a Rosario y de la inclusión de personal del Ejército a modo de apoyo en tareas de urbanización, según lo que se dijo.
¿Será eficiente esta vez el refuerzo dispuesto? El tiempo lo determinará. Mucho influirá en ello la seriedad con la que los jefes a cargo de los operativos encaren la lucha contra estos siniestros personajes y cómo desde lo más encumbrado del Estado nacional se controle lo que se piensa aplicar en el terreno.
Por lo menos, las autoridades nacionales demuestran haber tomado conciencia de que el terror domina completamente a la vapuleada ciudad de Rosario y a buena parte del resto de la provincia de Santa Fe, aunque la situación ya merece ser mirada con más esmero en otros conglomerados del país, comenzando por el Gran Buenos Aires.
Como ya se ha indicado muchas veces en este mismo espacio, la vida en esa zona es cada vez más difícil, muy riesgosa para sus habitantes. El desenfrenado avance del crimen de la mano de las bandas de narcotraficantes no respeta ya la inocencia ciudadana. No en vano, esa populosa urbe es hoy considerada internacionalmente como uno de los lugares más peligrosos de la región. Y detrás de la afianzada narcodelincuencia transita cada vez más cómoda la inseguridad cotidiana, que crece aprovechando la confusión.
Esta última decisión de la Nación parece responder, de una buena vez, a los reiterados reclamos del gobierno de Santa Fe. Hasta ahora las respuestas desde el poder nacional consistían en declaraciones no del todo contundentes, además del envío de refuerzos policíacos y de gendarmes que nunca lograron hacer sentir su presencia.
Gran parte de la dirigencia política y la representación jurídica de Santa Fe sostiene y reitera que aquella provincia ha quedado desprotegida por parte del poder central. Hasta la Corte Suprema de la Nación se ha preocupado in situ sobre el flagelo.
El problema se agrava día a día, porque mientras se discute sobre alcances jurisdiccionales tanto de la justicia como de las fuerzas de seguridad, la acción narco también corrompe estructuras del sistema de seguridad santafesino, tornando prácticamente insuficiente cualquier sano intento por salir al cruce de la trama delictiva. Por todo ello, es de esperar que las autoridades tomen en algún momento con más firmeza el combate operacional al narcotráfico y sus derivaciones. Y que sea a tiempo, ya que, como indicáramos, muchas otras zonas populosas de la Argentina comienzan a mostrar los mismos síntomas.
