Investigadores del Conicet, de universidades nacionales y actores vinculados a la protección del ambiente han reiterado a los legisladores nacionales la no aprobación de leyes sobre la materia contenidas en el megaproyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, cuyo tratamiento quedó postergado por desinteligencias políticas.
Similar solicitud se plantea desde entidades con larga militancia en la defensa de los bienes ambientales.
Los peticionantes piden mantener las leyes 26.562, de control de actividades de quema; 26.331, de bosques nativos; 26.639, de glaciares, y 24.922, del régimen federal de pesca.
Estas normas garantizan el cuidado de recursos que hacen posible las distintas actividades de una comunidad y el desarrollo productivo del país y de las regiones, como el agua y los bosques nativos.
Los requirentes de Mendoza conforman un grupo de científicos y docentes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), quienes, lejos de toda improvisación, desde hace años realizan estudios y tareas de extensión en zonas rurales y periurbanas, a la vez que participaron en el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Mendoza y en informes regionales, nacionales e internacionales acerca de la conservación de la biodiversidad y el ambiente.
“Las leyes ambientales a las que hace referencia el proyecto de ley -sostienen los investigadores locales- surgieron luego de un largo camino transitado, influenciado por los conflictos que han sido parte de la historia del territorio argentino. Las leyes se crearon mediante el diálogo entre muchos sectores; son construcciones colectivas”.
Las modificaciones propuestas a la Ley 26.331 de bosques nativos habilitarían los desmontes hoy prohibidos. De aprobarse el proyecto del Gobierno, más de 42 millones de hectáreas quedarían afectadas. Muchos de los incendios que se registran en estos valiosos espacios se han reportado como intencionales, como el ocurrido en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut.
También se describen como negativas las reformas propuestas a la Ley 26.639 de glaciares, que permitirían la actividad económica en los ambientes periglaciares, con afectación a reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático y para la regulación hídrica.
Un aspecto más que preocupa son los cambios propuestos a la Ley 26.562 de Control de Actividades de Quema de Suelos, al agregar a la definición el “aprovechamiento productivo”, entendido como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no posea relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. Esto permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para habilitar infraestructura diversa, plantaciones y cultivos que no se comercialicen.
La Ley 26.331, de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de Bosques Nativos (Ley de Bosques Nativos), es una herramienta fundamental a mantener. Los bosques, particularmente en Mendoza, han sido una fuente de subsistencia durante siglos para sus pobladores y aún hoy continúan brindando contribuciones y servicios ecosistémicos. Lamentablemente, durante la primera mitad del siglo XX, los bosques nativos fueron diezmados por la explotación irracional. En la actualidad, se conservan importantes relictos de muy lenta recuperación, debido a las extremas condiciones ambientales de las tierras secas y a las características propias de funcionamiento de los bosques.
La planificación del manejo y la conservación de los bosques debe considerarse como fundamental para el mantenimiento de la provisión de bienes y servicios ambientales.
