Las primeras medidas anunciadas por el flamante ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, incluyen un diagnóstico correcto, como los que habitualmente se efectúan sobre los problemas del país.
Esa radiografía y las metas a alcanzar se presentan a casi 32 meses de gobierno de Alberto Fernández, quien quedó relegado a un segundo plano ante un ministro que posee autoridad sobre múltiples áreas de gestión.
Aunque en forma tardía, Massa asume como principios el orden fiscal, el superávit comercial, el fortalecimiento de las reservas del Banco Central y el desarrollo económico con inclusión. Tales enunciados son inobjetables, pese a que sectores internos de la coalición gobernante del Frente de Todos cuestionan esas prioridades.
Las críticas están hoy acalladas por la gravedad de la crisis y por la necesidad de encontrar una salida que permita salvar el mandato de Alberto Fernández y recrear alguna expectativa electoral para 2023.
Para la sociedad, el plan incluye una pérdida en los subsidios sobre las tarifas de los servicios públicos para al menos cinco millones de hogares que consuman más de 400 kilovatios mensuales de electricidad, que demanden más gas natural del establecido para cada región y en cada estación, y para el servicio de agua potable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
Ese golpe al bolsillo apenas será compensado con un bono para los jubilados nacionales que ganen la mínima y para los trabajadores en relación de dependencia cuyos haberes oscilen entre 50 mil y 150 mil pesos. Serán cifras insignificantes para compensar la inflación de julio, seguramente próxima al 8%, y la de agosto, que por diversos aumentos también estará en niveles elevados.
La correcta decisión de auditar los planes sociales y promover su inserción en el mercado del trabajo llega en forma tardía, luego de la proliferación de beneficiarios y ante la probable resistencia de los movimientos sociales, una parte de ellos prohijados por la gestión presidencial.
La clave en la ejecución de las medidas anunciadas por Massa estará en la reducción del déficit fiscal, que creció en forma desorbitada en los últimos meses por encima del 2,5% del producto interno bruto (PIB), que es el límite ratificado ahora por el ministro de Economía y comprometido en el acuerdo con el FMI.
La decisión de fortalecer las reservas del Banco Central en unos 7.000 millones de dólares requerirá de un acuerdo con los exportadores de la agroindustria, de la minería, de los hidrocarburos y de la pesca.
En forma paralela, se gestionan nuevos préstamos ante organismos internacionales de crédito y un consorcio de bancos, que dejarán atrás el latiguillo del desendeudamiento externo que proclama el kirchnerismo.
Los principios asumidos por el flamante ministro y las medidas anunciadas requerirán de una correcta implementación, más allá de las resistencias que generarán en aliados políticos y en los movimientos sociales.
El camino contrario supone profundizar la crisis y disparar un interrogante sobre la sustentabilidad de la actual gestión.
