El gobernador de la Provincia, Rodolfo Suárez, planteó esta semana la posibilidad de que los fondos que la Nación envía a Mendoza para que sea financiada la obra de Portezuelo del Viento tengan como destino otros emprendimientos. A este cambio de planes se podría recurrir, según indicó el titular del Poder Ejecutivo, si persistiese la resistencia de La Pampa y otras provincias de la cuenca del río Colorado a la concreción de la represa de Malargüe.
Lo de Suárez no fue solamente una expresión de deseos, ya que enumeró como posibles destinatarias de los recursos a otras obras hídricas, como El Baqueano, y de energía solar o eólica.
Se trata de proyectos ya otorgados pero que no pueden concretarse por falta de financiamiento.
Como se indicó, el gobierno provincial basa su estrategia alterna en el cumplimiento, por parte de la Nación, del envío periódico de los recursos con los cuales Mendoza es resarcida por los perjuicios que generó a la economía local la promoción industrial en provincias vecinas, que durante años fue siempre refrendada a través de decretos del Ejecutivo nacional.
El pago compensatorio comenzó a efectivizarse recién con la anterior administración nacional, comenzando así a dar cumplimiento a un acuerdo extrajudicial concretado varios años antes.
El gobierno que asumió el 10 de diciembre próximo pasado siguió cumpliendo hasta la fecha. Esta es una postura elogiable de las autoridades nacionales, al honrar los compromisos sin importar colores políticos.
No obstante, sería lamentable que este progresivo pago de una obligación sufriese luego retrasos o algún otro inconveniente; constituiría un nuevo destrato hacia los derechos de las provincias en un país federal.
Lo ideal para los mendocinos sería poder concretar Portezuelo del Viento y luego seguir encarando otros proyectos factibles de realización, entre los que se encuentran los que enumeró el Gobernador.
La de Malargüe es una obra largamente pensada y esperada por los distintos sectores de la economía y la producción de nuestra región. Lamentablemente, los intereses de La Pampa y los vaivenes políticos, casi inevitables en la Argentina, tienden a empantanar una vez más el camino hacia la habilitación de los trabajos en el Sur.
Por lo tanto, recurrir a una solución práctica y a tiempo, como cerrar un conflicto difícil de resolver y utilizar los fondos que legítimamente llegan para otras metas, no significa resignar el objetivo inicial.
Si Portezuelo del Viento llegase en no mucho tiempo más a su concreción en asocio con las demás provincias de la cuenca del río Colorado, siempre será un estandarte de Mendoza y la muestra palpable de lo que se es capaz de proyectar y encarar en esta provincia.
Hay urgencias que genera la crisis hídrica de estos años en asocio con los efectos del cambio climático. Por ello la Provincia no debe perder más tiempo y decidir qué hacer, sea o no Portezuelo del Viento el objetivo.
El peso de opiniones muy prestigiosas seguramente ayudará a lograr el marco de consenso político que cualquier decisión que se tome requerirá.
En síntesis, lo que debe quedar claro es que la deuda del Estado nacional con la Provincia por los perjuicios de la promoción industrial debe ser cumplida en su totalidad, más allá de lo que Mendoza determine hacer con dichos recursos propios.
