El presidente Milei trazó un duro diagnóstico sobre la situación macroeconómica, generada por un desborde en el gasto público y en el descalabro de la gestión de Alberto Fernández.
La menguada autoridad del presidente saliente, a partir de las atribuciones que se arrogó el exministro y excandidato oficialista, Sergio Massa, no puede ser una excusa para justificar los desbordes en las erogaciones, en el aumento de la deuda pública y en la expansión de la pobreza.
Los dirigentes peronistas, quienes eludieron hasta ahora una autocrítica sincera sobre los últimos 4 años de gobierno, deberían ser implacables con las prácticas que colocaron al país al borde de la hiperinflación y en una crisis social sin precedente. Hasta ahora, la actitud fue negar la catarata de datos que justifican la consumación de la peor herencia de un gobierno a otro en la historia argentina.
Una suba de precios de entre 20% y 30% para este mes, que se podría replicar en enero y en febrero, pueden colocar al país en una hiperinflación, que se proyecta en más de 360% anual, con una espiralización de hasta el 15.000%, según advirtió Milei.
El aplauso a las palabras pronunciadas por el presidente ante las plazas De los Dos Congresos y de Mayo, sobre la necesidad de un profundo ajuste en las cuentas públicas, conlleva implícitos algunos datos que deberán ser tenidos en cuenta por las flamantes autoridades.
Milei indicó que el plan de ajuste para evitar un agravamiento de la coyuntura económica será afrontado por el Estado, lo que implica una notoria diferencia con la promesa electoral de que lo iba pagar “la casta”.
Nadie podría discutir la necesidad de revisar los miles de designaciones y contrataciones de la gestión saliente en los últimos meses, además de la necesidad de exigir presencialidad. Son pasos necesarios para saber cuál es el personal que revista en el Estado, qué funciones cumple y cómo son sus prestaciones.
La actitud y la aptitud de los buenos empleados no deben ser cuestionadas, al contrario de lo que puede suceder con aquellos que se identifican como “militantes” de un espacio político, sea este vinculado al peronismo o a la izquierda.
En esta delicada coyuntura, no están permitidas la vacancia ni la inoperancia de los agentes públicos.
Los posibles recortes en las remuneraciones de ministros y funcionarios, además de otras partidas ineficientes, repercutirán necesariamente en la actividad y en el empleo, como reconoció el Presidente.
La clave está en identificar los sectores vulnerables que necesitan de una amplia solidaridad del Estado para su supervivencia y para la atención de la salud y de la educación.
La reconstrucción de un aparato eficiente y que responda a las necesidades de la población no puede someter al abandono a quienes requieren la solidaridad pública en momentos complejos como los actuales y hasta tanto se recupere la actividad económica.
Así, el ajuste aplaudido en las plazas tendrá sentido y constituirá un gran paso para reorganizar los anhelos comunes de una sociedad que fue desquiciada en los últimos años.
