El senador Oscar Parrilli pretende reactivar el programa Fútbol para Todos, que estuvo vigente durante la presidencia de Cristina Kirchner.
El controvertido argumento enunciado entonces fue que los goles estaban “secuestrados”, ya que sólo disfrutaban de los partidos los abonados a la televisión por cable.
El Estado aseguró la transmisión gratuita y aprovechó el espacio publicitario para hacer propaganda a favor oficialista.
Con apoyo de su bloque, Parrilli busca declarar como “bienes culturales” a los partidos de primera división y garantizar “en todo el territorio nacional el derecho a un acceso libre y gratuito” al menos a un tercio de los encuentros de cada fecha.
Parrilli sabe que hay contratos vigentes hasta fines de esta década que les aseguran tanto a las prestadoras televisivas como a los clubes y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinadas ganancias.
Por lo tanto, su proyecto trata de no lesionar intereses ni derechos adquiridos, amén de estipular que un 30 por ciento de los ingresos en concepto de publicidad le corresponderán a la AFA.
Ahora bien, como es lógico, esos contratos fueron redactados tras la experiencia del primer Fútbol para Todos, lo que es decir que las partes imaginaron cómo reaccionarían si el Estado volviese a alterar las reglas de juego.
De lo firmado se desprende que todas las partes, puestas a elegir, preferirían conservar el esquema actual, en el que las cadenas de televisión pagan unos 10 mil millones de pesos por año.
Esos contratos, vale subrayarlo, fueron validados por dos fallos judiciales que suspendieron varios artículos de la Ley de Medios, entre ellos, casualmente, el que invoca el senador Parrilli en su proyecto.
En otras palabras, si el oficialismo decidiera avanzar con la propuesta e implementarla, por ley o por decreto, no sólo estaría interfiriendo en un acuerdo entre empresas y asociaciones privadas sino que además estaría desconociendo lo establecido en sede judicial.
Como la grave situación económica del país es razón suficiente para demostrar que el Gobierno no está en condiciones de financiar la televisación gratuita del fútbol, hay que concluir que el proyecto de Parrilli busca sumar presión para que al menos una de las firmas que tiene los derechos se retire del mercado.
No parece casual que la difusión de su propuesta haya ocurrido un par de días después de que un dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia fijara posición en contra de la fusión de ESPN y Fox: sólo la admitirá si presentan un plan de desinversión; traducido, de cesión de derechos sobre eventos en vivo.
Si las compañías aceptan la medida, habrá espacio para un nuevo actor en el negocio.
Mientras tanto, están obligadas a transmitir sin costo “dos partidos de la liga local de fútbol”.
En el plan de Parrilli, los partidos gratis serían cuatro.
El Gobierno debiera renunciar a las iniciativas populistas del kirchnerismo, que siempre siguen el mismo patrón: provocar mercados regulados por el intervencionismo estatal para promover un capitalismo de amigos.
O sea, pérdidas fabulosas de recursos del erario público con finalidades claramente demagógicas.
