El notable repunte de casos de coronavirus aceleró el requerimiento de testeos en el país. La demanda se potencia, además, por la coincidencia con las vacaciones de verano, que en esta oportunidad llevan a miles de argentinos a buscar destinos turísticos para descansar, pero siempre dependiendo de un chequeo previo que determine si hay o no contagio.
Similar situación se produce en los lugares de vacunación contra el Covid-19, sin turno previo y con la presencia espontánea de los interesados en completar el plan de vacunación anterior, o sumar la tercera dosis que recomiendan las autoridades sanitarias de la Argentina.
Las aglomeraciones actuales coinciden, también, con la decisión de los gobiernos nacional y de las provincias de no imponer nuevas medidas restrictivas a las distintas actividades productivas, profesionales o recreativas, justamente, para no entorpecer nuevamente a la golpeada economía y para no frustrar el afán de distracción de muchísima gente que no pudo vacacionar durante largo tiempo.
Esta saturación lleva al personal de la salud a una nueva sobrecarga.
El testeo diario de cientos de personas en cada punto de atención habilitado conlleva una tarea profesional y administrativa de alta concentración, responsabilidad y complejidad en las actuales circunstancias.
Pero no todas las personas que recurren a dicha atención valoran ese esfuerzo.
Lamentablemente, hemos visto en los últimos días distintos ejemplos de maltrato al personal de la salud por parte de personas que exigen ser atendidas con una celeridad que no siempre es posible con el contexto en que estamos viviendo.
Mendoza no fue la excepción con un caso en el Valle de Uco que trascendió a nivel nacional.
Una organización gremial del sector denunció varios casos y pidió al Gobierno aplicar medidas contravencionales previstas.
El malhumor y la impaciencia de muchos es moneda corriente y no está bien.
Independientemente de las condiciones laborales y remunerativas en el área de Salud, que en muchos casos dieron lugar a justificados reclamos desde el sector a las autoridades desde que arrancó la pandemia, el ciudadano debe ser tolerante, respetuoso, con cada uno de los agentes públicos que sale a su encuentro en algún centro habilitado para ello.
Los profesionales en general siempre priorizaron su responsabilidad y vocación ante las múltiples dificultades que les fue marcando la coyuntura.
Llevaron a cabo su cometido con las herramientas disponibles y el orgullo de servir a la comunidad en base a su capacidad.
La cantidad de muertes que registró la Argentina por las distintas embestidas del coronavirus, en sus sucesivas olas, obedeció, principalmente, a negligencias y desinteligencias políticas.
Por lo tanto, desde ningún punto de vista se puede poner en tela de juicio la vocación de servicio y el grado de profesionalidad de los responsables de la salud de los argentinos en esta crítica experiencia iniciada hace ya dos años.
Con más razón en esta nueva etapa que atravesamos en la Argentina, con un número alarmante de contagios sin que las libertades públicas sean por el momento limitadas.