Todas las semanas un barrio de cualquier sector del Gran Mendoza, o un distrito rural de la Zona Este o del Valle de Uco, se quedan sin un servicio esencial como energía eléctrica, el teléfono fijo, Internet o las transmisiones de televisión.
Puede ocurrir en el oeste de la ciudad de Luján de Cuyo, en los alrededores de San Martín o en Tunuyán. La dispersión de este delito en muy grande.
Grupos organizados o ladrones que componen gavillas menores se las arreglan para robar centenares de metros de cables de cobre, que luego “comercializan” en puntos de reventa clandestinos o en chacaritas que tienen contabilidades y papeles flojos.
Las consecuencias de estas sustracciones, sintetizando, se resumen a pérdidas financieras considerables para las industrias, perturbaciones en infraestructuras críticas como redes eléctricas y sistemas de transporte.
La Policía de Mendoza realiza numerosos operativos y muchas veces neutraliza los operativos de saqueos de las líneas y detiene a los autores, varios de los cuales han sufrido condenas por los ilícitos cometidos. Pero, hay una notable frecuencia en la reincidencia o en el surgimiento de ‘actores’ nuevos que se suman a los saqueos, que tienen en jaque a las empresas prestadoras de los servicios y, por supuesto, a miles de usuarios.
El valor del precio del cobre impulsa los negocios de grupos organizados que aprovechan las facilidades que otorga un activo circuito ilegal para la reducción y reventa clandestina.
Además, los autores de estos hechos no miden consecuencias, y arriesgan su propia vida en la comisión de los hechos, como ocurrió en la madrugada del domingo 18, ocasión en que un joven de 26 años murió tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras robaba cables en Guaymallén, caso que recuerda al que padeciera otro joven, pero de 21, en Rosario, al soportar horribles quemaduras como consecuencia de intentar apoderarse de cables de alta tensión.
La facilidad para sustraer el cobre de instalaciones como cables eléctricos y transformadores, su posibilidad de fácil reventa y la dificultad para rastrear el material sustraído, debido a su capacidad para ser fundido y mezclado, lo convierten en un blanco atractivo para los delincuentes.
Las autoridades desbaratan un grupo delictivo, pero rápidamente surgen otros. Actúan principalmente de noche, bajo el amparo de las sombras y en áreas muy extensas, desprovistas de vigilancia lo que facilita el accionar de los salteadores. Aunque en otras ocasiones, se arriesgan más y proceden al ‘decomiso’ de cableado en barrios, arriesgándose en la nocturnidad.
El experto Eduardo Muñoz, criminólogo y criminalista, especialista en prevención del delito, consultado sobre esta problemática por un medio local, ha sostenido que existe una perspectiva de solución porque la provincia de Mendoza promulgó la Ley 9.447 a fines de 2022, la cual fue recientemente reglamentada. “Esta norma -dice el estudioso del tema- establece un régimen preventivo y de control para las actividades relacionadas con el cobre, imponiendo la obligatoriedad de registro y documentación para la compraventa de metales no ferrosos y creando un banco de datos centralizado en el Ministerio de Seguridad”.
El robo si tiene cortado o neutralizado la continuación de su entramado, que es la reventa en el comercio desleal, perdería efectividad y ‘atractivo’ al perderse el retorno de dinero por la comercialización del cableado.
De todos modos, no se puede cantar victoria porque este tipo de ilícitos lleva años haciendo de las suyas. Los servicios especializados de la Policía deberían extremar los recaudos para terminar con este ciclo del delito, que tanto perjuicio trae a sufridos damnificados que solo quieren trabajar y vivir dentro de parámetros de normalidad.
