La actividad económica sigue arrojando preocupantes señales de desaceleración, por más que las autoridades quieran minimizarlas: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró en septiembre una contracción del 0,3% en comparación con agosto.
La diferencia, ínfima, podría evaluarse como imperceptible, decir que no ha pasado nada, que todo se mantuvo como el mes anterior. Para observar la tendencia, tenemos el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae): creció en septiembre un 4,8% contra el mismo mes de 2021; pero la medición del mes anterior –de agosto de 2021 a agosto de 2022– había marcado 6,6%. La caída de agosto a septiembre fue de casi un tercio.
A este ritmo, los analistas estiman que podríamos terminar el año por debajo del 5%. Se supone que Argentina consiguió en 2021 un crecimiento del 10,4%, cifra que obraría como el cierre de un ciclo de 3 años de recesión. Pues bien, los datos actuales refutan esa interpretación y avalan una lectura más prudente: lo que vivimos el año pasado, una vez que se superó la etapa más dramática de la pandemia, fue un rebote asimétrico; se beneficiaron algunos sectores de la economía, que arrastraron momentáneamente a otros.
Mientras tanto, los desequilibrios macroeconómicos se agravaron. La inflación de este año rondaría el 100%; la falta de dólares se tradujo en nuevos cepos que restringen las importaciones de insumos necesarios para la producción; la emisión de deuda en pesos no se detuvo y aumentó en los últimos meses la hipótesis respecto de un posible default o de una reprogramación compulsiva, además de que sigue siendo alta para los mercados la expectativa de una devaluación brusca.
Es cierto, de todos modos, que el Gobierno trata de aproximarse a las metas fiscales acordadas con el FMI, que demandan un ajuste significativo en las cuentas públicas. Pero las tensiones internas del oficialismo siguen impidiendo la generación de la mínima confianza necesaria en que se puedan cumplir las pocas y relativamente inconexas medidas anunciadas.
En consecuencia, la desaceleración de la actividad económica expresa la incertidumbre actual de los mercados, los empresarios y los inversionistas, y abre un panorama sombrío para el año próximo. Como en la revisión del acuerdo con el FMI que se firmó en octubre, el Gobierno estimó una tasa de crecimiento para 2023 inferior al 2,5%, las consultoras privadas optaron por ser más pesimistas, o más cautas: no llegaría al 1%.
Es que la sequía también pesa. Habrá menos siembra y menos cosecha que los últimos años. Habrá menos dólares. La anterior sequía que vivimos fue el prólogo a la crisis económico-financiera que afectó a la gestión del entonces presidente Macri.
Por todos estos motivos, el país necesita un plan global de estabilización. Pero no hay consenso político para implementarlo. Ni al interior de la coalición gobernante ni de la principal fuerza de oposición. Y no hay diálogo entre ellas.
