Como consecuencia de la decisión judicial que revocó su prisión domiciliaria, el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou volvió a cargar contra la Justicia y a poner en duda los procedimientos que lo llevaron a ser condenado a prisión por delitos ejercidos durante sus distintas funciones en el poder.
Como tantos otros ex funcionarios de los 12 años previos del kirchnerismo en el Gobierno, Boudou dijo ser víctima de una persecución política orquestada, según el relato del oficialismo, por el ex presidente Mauricio Macri y ejecutada por magistrados judiciales afines.
Debe recordarse que Boudou debe volver a la cárcel luego de que la Corte Suprema de la Nación ratificara por unanimidad la condena que sufrió por el intento de apropiación de la ex Ciccone Calcográfica.
Pero lo que sorprende aún más es el descaro con que se reconoce que una de las intenciones de la vuelta al gobierno del kirchnerismo habría sido la de voltear las causas judiciales en contra de sus personajes, empezando por la actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Tras asegurar que “en marzo irán por Cristina”, en alevosa crítica a los jueces que investigan a la jefa del oficialismo, Boudou admitió haber estimado que “esto no iba a ser así luego de un año con este gobierno”.
Es decir, él y los demás apuntados y procesados o condenados por corrupción esperaban de Fernández y su gobierno una influencia tal sobre el Poder Judicial capaz de dejarlos libres de culpa y cargo en cuestión de meses.
Coincidentemente, la líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, también le exigió al presidente de la Nación una acción sobre los jueces, afirmando que si el Gobierno no logra sancionar la reforma judicial, con media sanción en el Senado, “van a meter presa a Cristina Kirchner”.
En ese contexto, el presidente Fernández instruyó a los diputados del Frente de Todos para que apuren el tratamiento de la polémica reforma. Y como es ya habitual en ella, denostó a los jueces en general y muy especialmente a los miembros de la Corte Suprema.
Volviendo a los dichos de Boudou, también olvidó en su sinceramiento mediático que las causas que lo involucraron y otras tantas que descubrieron la notable trama de corrupción, no comenzaron en coincidencia con el gobierno encabezado por Mauricio Macri; vieron la luz en los tiempos difíciles en los que el kirchnerismo, entre otras cosas, hacía sentir rigor a medios y periodistas que no se sometían a su relato.
Estas graves insinuaciones sobre el objetivo que habría buscado este gobierno con las causas de corrupción del kirchnerismo obligan al presidente de la Nación a ser más explícito con los propósitos de una acción dirigida a remozar la Justicia, que día a día despierta sospechas de revanchismos y no de la búsqueda de un funcionamiento acorde con los requerimientos de la sociedad, que son muchos y válidos.
Y esta acción contra la corrupción es una de las grandes demandas sociales.
Por otro lado, el presidente acaba de confirmar que no dará ningún indulto, cosa que desde el ex-juez Supremo Eugenio Zaffaroni hasta otros personajes del ultrakirchnerismo le demandan al gobierno. De concretarse el país devendría republiqueta.
