El gobierno nacional analiza la presentación de un proyecto para centralizar el manejo del agua en la Argentina.
La novedad surgió durante la visita oficial a Israel que encabezó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, justamente con el propósito de interiorizarse del eficiente manejo del recurso hídrico que caracteriza a ese país.
Gobernadores del justicialismo que integran la comitiva argentina dieron, en principio, su consentimiento a la iniciativa planteada por el funcionario nacional.
Sin embargo, el gobernador de nuestra provincia, Rodolfo Suárez, el único gobernante no oficialista invitado a la gira, anticipó su negativa por tratarse, a priori, de una política de características inconstitucionales.
Incluso, el titular del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, que acompaña a Suárez en el viaje, no dudó en anticipar la posibilidad de una acción judicial en caso de concretarse el proyecto.
Juristas y especialistas locales en la administración del agua ya expresaron una rápida discrepancia con toda posibilidad de un avance nacional sobre el manejo de los recursos hídricos provinciales.
El artículo 124 de la Constitución Nacional señala con total claridad: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
En esa línea, y siguiendo el dictado constitucional nacional, las provincias tienen la facultad de implementar políticas dirigidas a la administración de un recurso natural como el agua, que en Mendoza y otras zonas puede resultar escaso y digno de una celosa administración en virtud de determinados factores climáticos, una de las características de nuestra región.
En un país con una superficie tan extensa, como la Argentina, son los gobiernos de las provincias los que mejor pueden conocer cómo organizar el manejo del recurso hídrico.
Por ello nuestra provincia cuenta con su propia y pionera Ley General de Aguas.
Sólo una propuesta de reforma de la letra constitucional nacional podría habilitar una discusión que pusiera en duda lo que hoy les compete lisa y llanamente a las jurisdicciones provinciales.
Por otra parte, es atendible que se haya buscado en Israel conocimientos sobre cómo optimizar el uso de un recurso que, como el agua, comienza a sentir los efectos de un cambio climático que alarma a científicos de todo el mundo.
Aunque hay que tener en cuenta que la centralización de la administración puede resultar lógica en un país de pequeña superficie, como Israel, mucho menor, incluso, que la de nuestra provincia. Pero no en la inmensidad de la Argentina, en la que son respetables las políticas y estrategias de cada provincia federada. Valga como ejemplo, el extenso conflicto de Mendoza con La Pampa.
Otro aspecto a considerar es el meramente político. De concretarse el proyecto insinuado por el ministro del Interior el gobierno nacional no sólo podría invadir las atribuciones provinciales en la administración de un recurso natural; también se generaría un claro atropello al federalismo, dando lugar a inevitables planteos ante la máxima instancia judicial del país.
Se debe evitar con la debida antelación toda acción que pueda vulnerar preceptos constitucionales y derechos de las provincias, como también la posibilidad de engrosar estructuras del Estado con fines recaudatorios y partidarios exclusivamente.