Preocupan en el sector de las telecomunicaciones los alcances del decreto presidencial que dispuso un nuevo congelamiento de las tarifas de la telefonía móvil, internet y televisión paga, declarándolos, además, servicios públicos esenciales y estratégicos. Esto fue ratificado el viernes por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Los precios no sufrirán variaciones hasta el 31 de diciembre de acuerdo con los valores implementados partir de julio de este año.
Las empresas vinculadas consideraron que la medida, tomada en forma unilateral por el Ejecutivo encontrándose el Congreso en pleno período de sesiones, necesitaba un debate previo con la participación de los sectores involucrados, en especial por el acuerdo suscripto en mayo con el Gobierno, en el marco de la emergencia por la pandemia, para congelar los precios hasta la finalización de este mes.
Las sospechas se potencian si se tiene en cuenta que hay un paulatino descongelamiento de precios y tarifas a partir del reciente retoque de los valores de venta de los combustibles.
Como ya indicaron empresarios y analistas de la decisión política tomada, este decreto presidencial puede llegar a colocar nuevamente al Estado en contacto con el movimiento de las empresas, principalmente de sus costos, para llegar a su cometido: establecer las futuras tarifas.
Pero se debe alertar que la medida puede generar un impacto contrario al que espera el Gobierno, porque si lo que se pretende como prioritario es mantener precios accesibles para los usuarios, éstos igualmente van a requerir una calidad del servicio que no siempre las empresas prestatarias podrán garantizar; la prolongación del congelamiento tarifario hasta fin de año, en un contexto tan complicado como el que muestra la economía argentina, puede llegar a desalentar o dificultar la inversión, principalmente en dólares, y la generación de competencia.
Por otro lado, la permanente variación de las reglas de juego sigue manteniendo al Estado argentino en alguien muy poco confiable y, por añadidura, aumenta las dudas entre quienes indagan sobre las garantías que brinda la Argentina para la inversión privada.
Tampoco deja de lado el Gobierno con esta decisión que tomó la comparación y confrontación con la anterior gestión, a la que se critica por haber modificado la ley para “debilitar las herramientas regulatorias del Estado”.
Y se enfatiza que en adelante ninguna empresa de telefonía o de internet podrá generar un aumento de tarifas sin la previa aprobación gubernamental.
Si bien es válida la pretensión de un Estado que regule y evite excesos en el trato con los consumidores, hay que recordar que en un escenario de libre competencia es cuando un servicio se torna más eficiente.
El rol de prestación esencial y pública no debe quedar limitado a lo estatal; el sector privado lo puede realizar en forma eficiente y accesible sin que ello suponga una ausencia total de la fiscalización de las autoridades.
En un año atípico por la grave incidencia de la pandemia de coronavirus el gobierno nacional debería esforzarse por generar marcos de consenso político y empresarial que faciliten la salida económica y social que los argentinos necesitan.
Lamentablemente, el debate exprés de la llamada reforma judicial y este decreto excesivamente intervencionista en el área de las telecomunicaciones dirigen por ahora hacia el camino opuesto.
