Este 2021 al que le faltan menos de dos meses para concluir, tiene la declaración de ser “Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil” por parte de la Organización de las Naciones Unidas.
Cerca del cierre del año habrá que reconocer que, pese a la denuncia generalizada sobre la problemática, ésta se mantendrá, aunque con algunas mejoras en determinadas regiones.
Será necesario seguir batallando en la toma de conciencia de la situación y en la adopción de acciones concretas para erradicar la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes.
Los estudios desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), transmiten indicadores preocupantes: 16% de los niños, niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años, desarrollan actividades no permitidas orientadas al mercado. Además, 1 de cada 10 niños/as entre 5 y 15 años tiene obligaciones laborales.
El trabajo infantil impacta de manera diferenciada en las niñas respecto de los niños. Las primeras (18,6%) trabajan en sus casas desarrollando tareas de cuidado. En el caso de los varones, el porcentaje es menor (8,5%). Los niños se desempeñan más en el mercado laboral, fuera del techo hogareño.
Este último indicador debe ser analizado a partir de los altos índices de hogares “monomarentales”: muchos niños y niñas dependen de una sola persona, generalmente la madre. Por eso muchas niñas deben quedarse en sus casas desarrollando tareas domésticas y de cuidado de hermanos y otros miembros del grupo familiar, mientras la madre cumple sus obligaciones en el mercado laboral.
La complejidad del fenómeno que estamos considerando responde a múltiples determinantes y particularidades. Entre los primeros, se reconocen principalmente factores económicos, políticos y culturales. Entre las particularidades, se distingue la “invisibilidad” del trabajo infantil y adolescente vinculada a actividades ocultas como el trabajo doméstico intra y extra hogar o las tareas llevadas a cabo para autoconsumo, entre otras.
También, la creciente “tolerancia o naturalización” del problema que reproduce ideas asociadas a la inevitabilidad de la pobreza o al valor formativo del trabajo (aprender haciendo).
El Papa Francisco acaba de ocuparse en estos días del problema, en un mensaje dirigido a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).
“El trabajo infantil, más aún cuando se manifiesta como explotación, se convierte en un flagelo que hiere cruelmente la existencia digna y el desarrollo armónico de los pequeños, limitando considerablemente sus oportunidades de futuro…”, advirtió el Pontífice en el mensaje elaborado para la sesión inaugural del Encuentro Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil en la Agricultura, y donde admitió que este drama se ha visto exacerbado por la circulación del coronavirus.
Sobre la situación en Mendoza de esta realidad hacemos referencia a declaraciones públicas de Gonzalo Navarro Sanz, responsables de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación. Revela este funcionario que el cuerpo de inspectores del organismo nacional asumió la responsabilidad de poner el acento en la detección de la explotación infantil. En esta línea, durante 2020/21 se laboraron 16 actas de trabajo infantil en distintos puntos de la provincia.
La segunda tarea es la recuperación en el medio del “Programa Buena Cosecha” del cual habrá anuncios próximamente y que es el plan para proteger los derechos de los infantes mientras sus padres, madres o personas a cargo están dedicados a las tareas rurales.
