El debate de ideas y propuestas enriquece a la actividad política. Por extensión, contribuye al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Se trata de una modalidad que se potencia, incluso, cuando es convocada en tiempos previos a una elección de autoridades.
En Mendoza la inclinación por el debate de ideas políticas en tiempo electoral no es nueva. Es una práctica vigente desde hace varios años promovida por sectores empresarios, universitarios, públicos y privados, medios de comunicación, entre otras organizaciones y empresas. En ese sentido, Diario Los Andes no sólo ha fomentado siempre la iniciativa; también fue partícipe de la organización de este tipo de eventos en forma conjunta con el sector universitario.
Por una propuesta política y con el respaldo unánime de las agrupaciones partidarias representadas en la Legislatura, este año fue aprobada la ley 9.472, que oficializó en la provincia la realización de un debate obligatorio y público previo a las elecciones generales, en el que deberán participar los distintos candidatos a gobernador. La decisión fue importante, puesto que coloca a Mendoza en un rango institucional trascendente. Cabe recordar que la Nación puso en marcha esta práctica recién con las elecciones presidenciales de 2019. La cita con la nueva modalidad es el 17 de setiembre, siete días antes de las elecciones provinciales para la elección de gobernador y vice, legisladores provinciales y autoridades departamentales.
Lamentablemente, la novedosa implementación del debate oficial en el ámbito institucional de nuestra provincia parece haber producido un efecto contrario al deseado. Hay candidatos que se muestran reticentes a participar. Aducen que el único debate que se prevé por ley es el organizado por la Junta Electoral Provincial.
Se trata de una mirada forzada de la nueva legislación. Lo que se establece es la obligatoriedad del debate único y público como aporte del Estado para el proceso electoral que debe concluir en la votación; se da así garantía de que los aspirantes a cargos electivos podrán confrontar entre sí sus ideas. Pero de ninguna manera se tiende a inhabilitar la organización de otros debates promovidos por instituciones públicas o privadas que quieran sumarse para ampliar la posibilidad de información a la ciudadanía.
El antecedente del montaje de dichos eventos en oportunidades anteriores es plenamente suficiente. Por lo tanto, la obligatoriedad de intervención en el único debate establecido por ley no limita la organización de otros eventos similares. Con esa amañada interpretación la única perjudicada es la ciudadanía, que tiene derecho a nutrirse de todas las opciones de debate posibles, no sólo la oficial.
Como derivación de lo señalado, más de un debate propuesto desde los medios de comunicación, o los ámbitos universitario o empresarial privado, ha debido cancelarse por el desinterés de algunos políticos, que ahora argumentan que con más de una cita consumen tiempo que deben tener disponible para realizar sus campañas proselitistas.
Lamentablemente, con dicho razonamiento lo único que se logra es que quienes requieren de varias oportunidades para hacer conocer sus ideas no las tengan y que, por el contrario, quienes se sientan más seguros de un posible buen resultado electoral prefieran no arriesgar en un mano a mano con sus contrincantes.
Dándole la bienvenida al debate oficial, también es de esperar que -por el bien de los mendocinos- una actitud reflexiva de los principales actores de la escena política provincial permita recomponer en el futuro la sana contrastación de ideas en forma respetuosa, responsable y con vocación de servicio hacia la ciudadanía.
