El funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia está en la mira del actual gobierno nacional desde que éste se constituyó. Funcionarios y allegados han hecho públicas más de una vez críticas puntuales destinadas a algunos miembros del máximo tribunal, a los que el kirchnerismo atribuye responsabilidad en las causas judiciales que enfrentan la actual vicepresidenta de la Nación y muchos de sus ex colaboradores en gobiernos anteriores.
Quien ejerciera hasta hace poco la presidencia de la Corte, Carlos Rosenkrantz, hizo público oportunamente su malestar por acusaciones efectuadas contra él por personas del oficialismo.
Dijo en su momento haber sido blanco “de una persistente campaña de desprestigio” para atribuirle “falsamente, inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, según señalaba hace un año.
El doctor Rosenkrantz es considerado por muchos dirigentes influyentes del oficialismo parte de un supuesto complot político y judicial, orquestado por el anterior gobierno contra Cristina Fernández de Kirchner y personas cercanas a ella.
Lamentablemente, esas embestidas políticas contra miembros de la Justicia no logran otra cosa que poner al Estado al borde de un conflicto de poderes, con el riesgo de que se afecte al sistema republicano.
A poco de asumir, el presidente de la Nación puso a discutir a juristas en su mayoría afines al oficialismo una reformulación de la Corte, en un entorno revisionista que puso en la mira a todo el Poder Judicial de la Nación, especialmente en el ámbito penal federal.
Esa reforma judicial promovida ahora se encuentra trabada en el Congreso.
Por ello, en ese contexto de turbulencias generó inquietud recientemente la votación para renovar la presidencia del cuerpo al no haber participado de ella dos de los cinco miembros.
Se dedujo de tal situación la existencia de un claro quiebre entre los jueces.
De la decisión de los tres restantes se definió la elección a favor del doctor Horacio Rosatti, quien se votó a sí mismo.
Por otro lado, la posterior renuncia de la doctora Elena Highton de Nolasco, que deberá efectivizarse el 1 de noviembre, generó muchas especulaciones y conjeturas, ya que, justamente, fue ella uno de los dos integrantes del máximo tribunal que no votó para elegir al nuevo presidente del mismo.
Versiones hablan, incluso, de la posibilidad de más dimisiones.
No debería generar sospechas de ninguna índole el sano criterio de alternancias en la conducción en un cuerpo colegiado de pocos integrantes.
Se espera que el Poder Ejecutivo busque recomponer la conformación del cuerpo, para que vuelva a tener sus cinco miembros, proponiendo al sucesor de la doctora Highton de Nolascco una vez que ésta cese en sus funciones.
La nominación debería recaer en personas que aporten a la necesaria independencia de poderes que debe caracterizar a la Corte.
Aunque, lamentablemente, la tirantez política que influye en el alto tribunal es un mal antecedente.
Y en ese sentido, el Gobierno cometería una gran equivocación si optase por impulsar a un profesional que genere desconfianza en la oposición y la ciudadanía en general sobre su independencia para la toma de decisiones.
