Una inédita alianza de 18 agrupaciones de medios de todo el continente americano difundió un pronunciamiento que tampoco tiene precedentes. En representación de 40 mil asociados, plantearon que las plataformas digitales retribuyan a los generadores de contenidos periodísticos de manera justa y razonable.
El documento reconoce que empresas como Google y Facebook anunciaron ayudas financieras a medios; en algunos países, pagos por contenidos, y también capacitaciones para personal de empresas de comunicación. Pero señala que esos programas no constituyen la respuesta justa e integral que la industria requiere, al tiempo que advierte que el sostenimiento del periodismo está en riesgo.
La razón es que la publicidad, sustento tradicional de los medios, en el entorno digital es absorbida por las plataformas tecnológicas globales, las que por otra parte utilizan libremente los contenidos que los medios producen con alta inversión económica.
La más perjudicada es la prensa local e hiperlocal, que presta servicios a pequeñas comunidades y que afronta reestructuraciones y cierres en Estados Unidos y diversos países latinoamericanos. El peligro es que se sigan expandiendo los “desiertos informativos”, áreas o regiones sin medios propios.
Las estimaciones indican que la participación de buscadores y redes sociales en el mercado de la publicidad digital ronda el 80%, con el agravante de que dichas empresas controlan toda la cadena de distribución, por lo que, en su condición de facilidades esenciales o “puertas de acceso” de internet, actúan como jueces y parte: reciben publicidad, la distribuyen e imponen precios.
En el primer trimestre de este año, Facebook registró ingresos publicitarios globales por 25.400 millones de dólares, mientras que Google superó en el segundo trimestre los 50.500 millones. Como contrapartida, la prensa española en su conjunto, por ejemplo, estima un ingreso anual de 423 millones de dólares.
Es por ello que la Unión Europea analiza un marco normativo para impedir que las grandes plataformas abusen de su poder de mercado, mientras que Australia aprobó un código de negociación que define arbitrajes para garantizar negociaciones equitativas entre medios y grandes actores digitales.
En 2018, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó la Declaración de Salta, que en su punto 12 expresa que “los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre libertad de expresión, derechos de autor y propiedad intelectual, así como respecto de los beneficios que puedan generar los contenidos en dicho ecosistema”. También insta a “evitar prácticas abusivas que puedan afectar la competencia, la innovación y el libre flujo de la información”.
Los escasos avances en la materia desde entonces llevaron a la entidad continental a emitir el reciente pronunciamiento junto a la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-Ifra), la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y 14 asociaciones nacionales, entre ellas Adepa, de Argentina.
No se aboga por un modelo en particular, porque cada país de América tiene su realidad. Pero sí se requiere un marco de negociación equilibrada entre medios y plataformas, para que la relación no sea fruto de decisiones unilaterales y tienda a un ecosistema digital sano y sustentable.
