La nueva reaparición pública de Cristina Fernández de Kirchner sumó más desconcierto con respecto al rumbo del gobierno del que es parte en su condición de Vicepresidenta de la Nación. Y es parte, además, porque nadie puede negar de que se trata de la jefa política del frente que ella misma concibió para que su movimiento compitiera con éxito en las presidenciales de 2019.
En su reciente alocución en Río Negro, donde recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la universidad de esa provincia, Cristina de Kirchner instó nuevamente a revisar el acuerdo suscripto por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entendiéndose, por lo tanto, que insiste en cuestionar aspectos de la gestión económica de la presidencia de Alberto Fernández, encargada de renegociar con el organismo al cabo de una muy enérgica discusión en el del seno del propio oficialismo por la resistencia que impuso en su momento el más radicalizado sector kirchnerista.
En virtud de la incidencia de la Vicepresidenta en las políticas públicas, se trata de un detalle no menor, puesto que la actual conducción económica, de Sergio Massa, que no logra frenar la inflación (otro de los aspectos que cuestiona duramente Cristina de Kirchner), basa sus principales medidas en la confiabilidad que su gestión quiere mostrarle al mundo financiero.
En ese contexto, la Vicepresidenta hizo un llamado a la oposición a discutir cómo resolver “la economía bimonetaria argentina, anclada en el dólar como patrón de conducta”. Difícilmente la oposición acepte mantener ese debate, tanto porque ya se encuentra la dirigencia en general inmersa en el año electoral y porque, además, es la oposición de Juntos por el Cambio la principal acusada por el oficialismo de todos los males que soporta la economía argentina como consecuencia de la presidencia de Mauricio Macri. Esto, aunque la Vicepresidenta haya puesto una vez más sobre el tapete que su último gobierno dejó en 2015 al país con una inflación de 24% anual. Es increíble que se coteje en base a números inflacionarios altos, en especial cuando su propio sector político probablemente deje al país a fin de año con un 100 por ciento de inflación, según las estimaciones.
En cuanto a su pelea con la Justicia, como era de esperar fue una vez más muy crítica con la labor de los jueces y fiscales en general, especialmente con los miembros del tribunal oral que la condenó por la llamada causa Vialidad, cuyos fundamentos fueron dados a conocer en la semana, y con la mayoría de magistrados independientes que honran a su profesión.
Este último es un siempre preocupante punto de coincidencia del Ejecutivo nacional con los sectores más radicalizados del oficialismo. Una situación que, por reiterada y cada vez más agresiva, como el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, colocan a la Argentina entre los países que mayor desconfianza generan en cuanto a calidad institucional.
Lamentable imagen la de un oficialismo oficialista que desde su seno y su usina de ideas limita y condiciona a su propio gobierno y, en asocio con éste, dinamita todo vínculo con los demás poderes del Estado.
