El Congreso Nacional cerró el año legislativo sin sancionar una nueva ley de alquileres, pese a las promesas de diputados y senadores de diferentes extracciones políticas y a las múltiples reuniones efectuadas sobre la problemática.
El actual ordenamiento provoca múltiples distorsiones, a partir de la obligación de alquilar un inmueble para vivienda por tres años como mínimo, el sistema de actualización y las garantías exigidas, entre otros puntos.
Las modificaciones fueron reclamadas tanto por los inquilinos como por los propietarios, quienes –en numerosos casos– decidieron ahora retirar el inmueble de ese mercado y ofrecerlo en venta.
La rentabilidad que genera hoy la compra de un departamento o de una casa para luego ponerlo en alquiler es irrisoria por lo cual en todo el país se registra una caída en la cantidad de los ofrecimientos en alquiler.
Otra de las distorsiones más comunes es el incremento de los llamados “alquileres temporarios”, ya sea por semanas o meses, sin alcanzar el tiempo mínimo que fija la norma en vigencia.
Los “alquileres temporarios”, que suele ser una práctica común para las áreas turísticas, se convierten de tal modo en un dolor de cabeza para los inquilinos que buscan una estabilidad más prolongada en la vivienda a la que ingresan.
Todos estos usos distorsionados, por una norma que no satisface a las partes, determinan una menor existencia de unidades en alquiler, lo que implica una fuerte suba en los valores que se demandan.
La situación es aún más preocupante para las familias, en especial, para las numerosas, mientras proliferan los carteles de venta.
La inflación les ganó la carrera a los salarios desde hace cuatro años, por lo que cada vez se torna más difícil el acceso a la vivienda propia. Y los créditos para financiar la compra son cada vez más escasos o imposibles de pagar.
Los legisladores faltaron a su compromiso de sancionar una nueva ley que incluyera las preocupaciones de los inquilinos y ofreciera, a la vez, un mercado atractivo para los propietarios.
En el ínterin, surgieron propuestas descabelladas, como la expropiación o la exigencia de poner en alquiler las viviendas desocupadas, una metodología con pésimos resultados en los países que la pusieron en marcha.
La falta de respuestas del Congreso Nacional y la inhabilidad de la administración de Alberto Fernández de encontrar puntos en común para solucionar esta problemática, agravaron aún más la situación.
Miles de familias e inquilinos necesitan una respuesta urgente del Estado para obtener una solución a uno de los desafíos más grandes de la convivencia, que es el acceso a la vivienda.
La falta de unidades adecuadas y el hacinamiento contribuyen a agravar los problemas en las familias y en el orden social.
