El presidente de la Nación, Alberto Fernández, lanzó la reforma judicial bajo la consigna de que “Es hora de tener una Justicia proba”.
El texto del proyecto que el primer mandatario presentó el miércoles en el Congreso no incluye las iniciativas más polémicas. Se limita a introducir modificaciones en la Justicia federal.
Entre los puntos destacados figura la creación de la Justicia Federal Penal, la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y de defensorías.
En términos concretos, implicaría también el nombramiento de 132 nuevos jueces.
Sin embargo, fuera del texto del proyecto, lo que genera controversias es la constitución de un cuerpo consultivo formado por 11 juristas, quienes tendrán la tarea de analizar y proponer modificaciones en el Consejo de la Magistratura y el funcionamiento y el número de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Es cierto que el Presidente había anunciado su decisión de reformar la Justicia en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
La pregunta es si resulta oportuno hacerlo en el momento más álgido de la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus.
Si el país necesita que el Gobierno se apoye en una comisión de expertos para definir políticas públicas en algún tema, sería prioritario que lo hiciera en los ámbitos económico y social.
Por otro lado, reformas de alto impacto requieren de un amplio acuerdo político previo. Determinadas transformaciones no pueden partir de una única fuerza política, aunque esta ocupe el Poder Ejecutivo.
Y es lo que ha ocurrido. Basta repasar los integrantes de la comisión consultiva para advertir que la total ausencia de representantes de la oposición se combina con la presencia del abogado defensor de Cristina Fernández en causas en las que se la imputa, entre otros cargos, por liderar una asociación ilícita cuyo objetivo era enriquecerse a expensas del Estado.
Hace mucho que la sociedad argentina reclama una Justicia eficaz, con menos privilegios e independiente del poder político. La vía elegida por Alberto Fernández no se condice con esos objetivos, amén de contradecir las declaraciones en las que el Presidente se ha caracterizado como dialoguista.
Si para algo había que dialogar con la oposición era para reformar la Justicia, bajo el acuerdo de que los diferentes sectores no se lotearían los cargos, como ha sucedido en el pasado, sino que obrarían a favor de la independencia judicial.
Hace poco, el Presidente mantuvo una reunión virtual con los líderes legislativos de Juntos por el Cambio. Allí, el oficialismo enfatizó que el Congreso sería el ámbito específico para el consenso entre ambas fuerzas. Con la conformación inconsulta de una comisión de expertos para definir cuestiones tan relevantes, Alberto Fernández devalúa su propia palabra.
