El reciente fallo emitido por la Justicia Federal Penal en la denominada causa de Vialidad marca un hito en la lucha contra la corrupción en estos 39 años de vida democrática ininterrumpida.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada, en fallo unánime, por corrupción, recibiendo una pena de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para seguir ocupando cargos públicos. Penas de cárcel similares alcanzaron a Lázaro Báez, ex socio comercial de la principal involucrada en el caso de administración fraudulenta, y otros imputados en la causa.
Además, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso de más de 84.800 millones de pesos, tanto para la Vicepresidenta como para los demás condenados, con la recomendación de que dicho monto sea actualizado cuando el fallo quede firme, luego de las próximas instancias de apelación.
Entre los fundamentos anticipados por el tribunal, ya que los argumentos se conocerán recién el 9 de marzo próximo, los magistrados dijeron tener la certeza de que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública se realizó en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, una “extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. Además, establecieron que existió un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces presidenta de la Nación, “evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenido…”.
Por lo tanto, la acusación y el fallo ayudan a entender cómo se gestó la matriz de corrupción a partir del Estado y con la participación de empresas privadas durante los primeros 12 años de gestiones kirchneristas.
Corresponden de ahora en más las apelaciones ante la Casación por parte de los abogados defensores de Cristina Kirchner y demás condenados, además de la presentación que seguramente efectuarán los fiscales acusadores, que habían pedido 12 años de prisión para la Vicepresidenta bajo la figura penal de asociación ilícita, que fue descartada, en mayoría, por los jueces que dictaron sentencia.
No se puede objetar, de ninguna manera, la calidad del proceso judicial, que se llevó adelante con el respeto de las garantías de las personas acusadas. No hay proscripción, como argumentó Cristina Fernández de Kirchner, sino la inhabilitación que determina la legislación penal vigente para quienes cometen actos de corrupción como los evidenciados en el juicio que finalizó.
Sin embargo, dicha inhabilitación sobrevendrá recién cuando el caso llegue a la Corte Suprema de la Nación y ésta emita su resolución. En todo caso, con su encendido discurso luego de conocido el fallo la misma Vicepresidenta se “autoproscribió” para intentar sostener el relato kirchnerista de la supuesta persecución política, judicial y mediática en su contra.
Lo que los argentinos deben valorar es la acción independiente de la justicia en este caso puntual, superando presiones por parte del poder que lograron trabar el proceso de investigación iniciado en el año 2008 hasta nuestros días a partir de una denuncia de la dirigente Elisa Carrió.
Cristina Kirchner y sus seguidores aducen que ya no hay justicia independiente en la Argentina. Todo lo contrario: el reciente juicio demuestra que los magistrados competentes e independientes son capaces de iniciar una acción que neutralice la corrupción en el Estado, motivo de retraso para las aspiraciones de millones de argentinos.
