El revuelo causado por las consecuencias de la aplicación de un control de presentismo en la Cámara de Diputados, que concluyó dejando al descubierto la existencia de unos 200 "ñoquis", es una muestra de lo que ocurre con el empleo público en el Estado. Esta situación puntual de empleados que cobran pero no trabajan nos recuerda un hecho que, cuentan, ocurrió en 1990 con motivo de la privatización de Entel. Dicen que mientras se hacía el traspaso, los españoles de Telefónica advertían que los días de pago de sueldo era habitual que un empleado concurriera con los cheques de varios compañeros, a hacerlos efectivos en la Tesorería. Producido el traspaso de la empresa, en el primer mes de pago los nuevos concesionarios pusieron un cartel donde se decía que sólo se pagaría al titular, con presentación de su documento de identidad. Cuenta esa historia que, con ese procedimiento, la empresa redujo en porcentaje significativo la planta de personal. Los ñoquis vienen de lejos en ciertas dependencias del Estado.
Volvamos al Congreso porque es un caso emblemático del problema del Estado nacional, que se reproduce en las provincias y los municipios: el grosero crecimiento y exceso de empleados en todos lados. En el Senado de Nación en 2004 había 2.650 empleados, ahora hay 5.800. En la gestión de Boudou (2011-15) pasó de 3.300 a 6.100. La Biblioteca del Congreso en 2004 tenía 960 empleados, ahora 1.730; hace poco el presidente Macri criticó esta situación y el sindicato de empleados del Congreso repudió duramente las expresiones del Presidente. El Congreso tiene actualmente 16.500 empleados y hace al menos 15 años que periódicamente se señala el crecimiento y exceso de personal.
Pero el problema es que esta situación se replica en múltiples dependencias del Estado. Otro ejemplo: a raíz de la tragedia del submarino San Juan se señaló que en 1983, todavía con unas FFAA muy grandes y servicio militar obligatorio, el Ministerio de Defensa tenía 500 empleados. Ahora con FFAA casi inexistentes tiene 1.500 empleados. Se podría seguir abundando en datos pero conviene centrarse en el análisis de la naturaleza y efectos de este problema, resultado esencialmente de que a lo largo de décadas el empleo público ha sido el "botín de guerra" de cada gobierno. Así se ha acumulado, capa sobre capa, una burocracia redundante, ineficiente y muy onerosa para el país. En este punto conviene tener en cuenta un dato importante para entender de qué hablamos. El empleo público nacional está muy bien pagado, e incluye ventajas como la cantidad de horas de trabajo, la cantidad de días y meses, muy inferiores a la actividad privada. Estas ventajas han sido en los últimos años el gran atractivo del empleo público.
El gasto en personal es el núcleo del problema del gasto público, no sólo el gasto previsional, como se ha venido insistiendo últimamente. Hay que ser realistas, 9 de cada 10 pesos son sueldos, honorarios o como sea el camuflaje, en contrataciones en muchos casos espurias. También hay que señalar que es la ciudad de Buenos Aires la mayor beneficiaria del empleo público nacional, especialmente de esa "burocracia dorada", en verdad una oligarquía que se ha ido creando con los años.
Lamentablemente esto no se arregla con la baja de 200 "ñoquis", porque hay un grave problema cuantitativo y cualitativo, que son los "bolsones de privilegio", y no pocas veces de corrupción. Poner equidad en donde no la hay, cantidad adecuada donde sobra, es una tarea titánica, que este gobierno deberá encarar si quiere realmente cambiar el país. Menos aún se arregla con retiros anticipados, que preservan todos los privilegios, lo único que hacen es cambiar la ventanilla donde se cobra, pero el que paga sigue siendo el Estado.
También es necesario decir, aunque moleste, que muchos analistas consideran que el núcleo del problema es el instituto jurídico de la estabilidad del empleo público, instituto que hace 70 u 80 años tenía alguna justificación y hoy se transforma muchas veces en un privilegio inadmisible. Un debate al que no le debe temer la dirigencia.
