Ha sido muy perjudicial para nuestro país sostener un Estado tan grande, colmado y caro en el que, por ejemplo, hay muchas provincias, entre ellas Mendoza, que pagan salarios más altos que los de la actividad privada. Y debería ser a la inversa, para que los menores sueldos desalienten el empleo estatal y esto contribuya a disminuir el excesivo número de agentes públicos; incluidos, por supuesto, el de los muy numerosos cargos políticos.
Sin embargo, los gobernantes, con su tradicional demagogia, ceden rápido y fácilmente ante los reclamos desmedidos de los sindicatos, otorgando aumentos de sueldos o autorizando nuevas incorporaciones de personal que obligan a mantener muy altos los impuestos o, directamente, a incrementar el déficit fiscal.
En relación con el gasto público hay un hecho curioso y la vez lamentable. Ya en mayo de 1876 Nicolás Avellaneda decía en su mensaje al Congreso que se debían “hacer las reducciones posibles en el número de los empleados y en sus sueldos. Así se practica la economía sin daño público, y habremos contenido la empleomanía, (… ) que principia a desenvolverse como una enfermedad social”.
Pasó el tiempo y así fue. Esta enfermedad le ha causado mucho daño al país y lo seguirá haciendo hasta que no se produzca una gran reducción del desmesurado tamaño alcanzado por el aparato estatal en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal.
Leo Lardone
DNI 8.030.088