El fiscal de la llamada "causa de los cuadernos" pidió endurecer los procesamientos dictados hace una semana por el juez federal Claudio Bonadio: en su apelación ante la Cámara Federal a la resolución del juez, el fiscal Carlos Stornelli, entre otros puntos, solicitó la prisión preventiva del poderoso empresario Enrique Menotti Pescarmona, a la vez que rechazó la falta de mérito de Francisco Rubén Valenti, exdirectivo de IMPSA, para el que pidió su procesamiento.
Stornelli reclamó que el procesamiento dictado por Bonadio contra el nieto del fundador de Industrias Metalúrgicas Pescarmona y quien fuera hasta mayo pasado CEO de IMPSA, sea acompañado por la prisión preventiva.
De darle lugar la Cámara a la apelación del fiscal, Pescarmona no irá a prisión mientras dure esta etapa procesal por haberse acogido a la figura del "imputado colaborador".
El fiscal también pidió la prisión preventiva del financista Ernesto Clarens, y de los empresarios Juan Balán (Industrias Secco) y Gabriel Benjamín Romero (Grupo EMEPA).
Stornelli también discrepó con la resolución de Bonadio, en relación a los imputados alcanzados por la "falta de mérito".
En este punto, pidió que sea procesado Francisco Rubén Valenti. De profesión ingeniero y ex director de IMPSA, Valenti apareció nombrado en varios de los apuntes hechos por el chofer Rubén Centeno, en los cuadernos espiralados de tipo escolar que dieron inicio (y nombre) a la causa.
La fiscalía también pidió el procesamiento de Osvaldo Acosta y Jorge Guillermo Neira (Grupo Electroingeniería), Héctor Sánchez Caballero (CEO de IECSA), Rodolfo Poblete (Grupo Romero) y Héctor Zabaleta (ex Techint).
El fiscal Stornelli junto a su par Carlos Rívolo solicitaron que la expresidenta Cristina Fernández sea acusada por 913 hechos de dádivas. Este número, según los fiscales, surge tanto de las anotaciones de Centeno como de las declaraciones de los arrepentidos (ver aparte).
La semana pasada, en el escrito con los 42 procesamientos, Bonadio acusó a la dos veces presidenta de la Nación de ser la cabeza de una asociación ilícita, que recaudaba dinero en negro de empresarios vinculados a contratos con el Estado.
En su apelación, Stornelli reclamó que Julio de Vido y su excolaborador Roberto Baratta (de quien Centeno fue chofer), además de los empresarios Carlos Wagner (ESUCO) y Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), del financista Clarens y del exsecretario de Obras Públicas, José López, sean acusados como "organizadores" de la presunta asociación ilícita.
Wagner, en condición de arrepentido, expuso ante Stornelli cómo distintas empresas constructoras se cartelizaban para acceder contratos de obras públicas. Wagner fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Los fiscales, además, pidieron a la Cámara Federal que le imponga la prisión preventiva a Alejandro Ivanissevich (ex Emgasud), Manuel Uribelarrea (MSU), Hugo Dragonetti (constructora Panedile) y Hugo Antranik Eurnekian (Corporación América). Todos ellos fueron procesados por Bonadio, pero sin prisión preventiva.
La apelación de Stornelli también comprendió la situación del exjefe de gabinete de Cristina Fernández, Juan Manuel Abal Medina y su excolaborador, Martín Larraburu. La fiscalía los acusa de ser integrantes de la asociación ilícita denunciada.
Bonadio aún no decidió los casos de Larraburu (que estuvo preso unos días hasta que se declaró arrepentido) y de Abal Medina, a la espera de indagar antes a los diputados nacionales Wado de Pedro y José Larroque.
Los dirigentes de la agrupación La Cámpora pasarán por Comodoro Py este miércoles y jueves. Todos ellos figuran en los cuadernos de Centeno, en relación a aportes hechos por empresarios "para campañas electorales" del Frente para la Victoria.
Bonadio, al dictar los procesamientos, ya avisó que podría haber más imputados en la causa.
