Cataluña se despertó ayer en calma y bajo control de la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, tras una declaración de independencia no reconocida internacionalmente.
La bandera española, la "rojigualda" seguía ondeando por la mañana en el palacio de la Generalitat, la sede centenaria del autogobierno catalán, y el ambiente en Barcelona era de resaca, tras una fiesta popular por la proclamación independentista que se saldó sin incidentes destacables. También flameaba la de la Generalitat, listones amarillos y rojos.
Pero la situación se complica porque el destituido Carles Puigdemont, rechazó su destitución y convocó a la población a hacer "oposición democrática" y "cívica" al gobierno español, para defender la independencia.
En el centro de Madrid, y en medio de una marea de banderas nacionales, unas 4.000 personas se manifestaron por la unidad de España, convocadas por una organización conservadora. Menos numerosa que la del pasado 7 de octubre, pero con la misma contundencia, las consignas fueron: "España unida" y "cárcel para los golpistas". Ésas han sido las consignas en la mañana de ayer en la Plaza de Colón de Madrid para respaldar la acción del Gobierno contra el Govern de Cataluña y pedir que Mariano Rajoy "no sea débil".
Los ánimos estaban caldeados. "Lo que queremos es la ilegalización de los partidos secesionistas. Porque si se vuelven a presentar a elecciones, van a dirigir Cataluña, y vuelta a empezar", dijo a AFP la pensionista Cándida Jiménez, ex funcionaria de la policía municipal de Madrid, con un cartel en la mano que dice "No a la impunidad de los golpistas".
El presidente del Gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, enfrentado al mayor desafío de la democracia española, se mueve con rapidez para evitar cualquier vacío de poder.
Convocó a elecciones regionales anticipadas para el 21 de diciembre y nombró a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para asumir los asuntos en Cataluña.
También destituyó al jefe de la policía regional, Josep Lluis Trapero, al mando operativo de 16.000 agentes, los Mossos d'Esquadra.
Decenas de altos funcionarios del gobierno catalán también cesarán en sus cargos y desaparecen algunos órganos de gobierno de la Generalitat, como las delegaciones en el extranjero o un consejo asesor para la transición nacional.
Por otra parte, la Fiscalía General prepara una querella contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont, de 54 años, por rebelión, que puede acarrear una pena de prisión de hasta 30 años.
Todos los ojos están puestos ahora en Puigdemont y sus aliados, que deberán movilizar otros recursos ante la disolución del Parlamento por la convocatoria electoral.
A media mañana reinaba el silencio en sus filas, mientras el gobierno central se esforzaba en ofrecer un rostro de legalidad y serenidad.
De cara a los comicios "todos los partidos que estén registrados se pueden presentar. Esta cuestión legal no ha cambiado", aseguró en entrevista radiofónica el delegado del gobierno en Barcelona, Enric Millo.
"El objetivo de la independencia es legítimo, nadie ha dicho lo contrario. Lo que se está diciendo en estos momentos es que se defienda desde la propia democracia, desde la propia legalidad", añadió.
Mariano Rajoy confió a su vice el cargo de interventora
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, delegó ayer en la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, las funciones y competencias de jefe del Ejecutivo de la región de Cataluña, tras el cese de su hasta ese momento titular, Carles Puigdemont.
Así consta en el real decreto por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas acordadas ayer por el Consejo de Ministros para restablecer la legalidad constitucional en Cataluña, horas después de que su Parlamento aprobara una declaración de independencia.
El Gobierno español decretó a continuación el cese de todo el gabinete de Puigdemont y Rajoy procedió a disolver el Parlamento regional para convocar comicios autonómicos para el 21 de diciembre. El Boletín Oficial del Estado español (BOE) publicó esas medidas, entre las que se determina que el presidente del Gobierno asume las funciones y competencias que corresponden al presidente de la Generalitat (Ejecutivo) de Cataluña.
Pero en otro artículo del decreto se especifica que Rajoy delega a su vez esas funciones en la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría. En cuanto a las elecciones regionales, la campaña se desarrollará entre el 5 y el 19 de diciembre y la votación será el 21.
Además, ayer hubo una reunión de secretarios de Estado y subsecretarios españoles para analizar las funciones asumidas por los diversos ministerios del Gobierno central en cada una de las consejerías regionales catalanas. Esas funciones autonómicas pasan a ser desempeñadas por los ministerios en aplicación del artículo 155 de la Constitución y después de que el Gobierno de Rajoy obtuviera la preceptiva autorización del Senado.
