No estaba en Mendoza por esos días, creo haber retornado el último día de la revuelta. Es importante tener en cuenta algunos aspectos.
Las empresas prestadoras de servicios: eléctricos, de agua y cloacas, gas, eran empresas estatales nacionales. Teléfonos, prestado por una empresa privada, pero bajo el control nacional. Por lo tanto las tarifas no eran incumbencia del gobierno de la provincia.
La educación era en buena parte nacional y por tanto los salarios docentes, los fijaba el gobierno federal.
El Gobierno central enfrentaba una inflación creciente con controles de precios y amenazas a las empresas, igual que ahora (y con el mismo resultado).
La administración provincial encabezada por el ingeniero Francisco J. Gabrielli, tenía ministros de otros partidos, además del PD. El ingeniero Santiago Isern en Obras Públicas, que había ocupado el mismo cargo en el gobierno del doctor Ernesto Ueltschi (UCRI 1958/61). El doctor Emilio Fluixá, peronista, en Hacienda que también había sido ministro en los gobiernos de ese partido. Era un buen gobierno limitado por la situación política y económica nacional.
La economía de Mendoza estaba bien. La vitivinicultura, se hallaba en su apogeo, superando los 80 litros de consumo por habitante, tenía el mayor tamaño de su historia.
El aumento de la tarifa eléctrica fue el detonante, aprovechado por grupos de izquierda bien organizados para movilizar a muchas personas que actuaron de buena fe. La represión tampoco fue responsabilidad del gobierno provincial. La renuncia del ingeniero Gabrielli fue un gesto de dignidad personal y política.
*El autor es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales.
