Esos hechos se han convertido en algo normal, cortar calles, tirar piedras, quemar neumáticos en reclamos justificados o no, que alteran la paz ciudadana.
Hace unos días atrás, grupos de inadaptados sociales, tiraron piedras contra el Congreso de la Nación, rompiendo vidrios y poniendo en peligro la vida e integridad de la vicepresidenta de la Nación y el grupo de personas que la acompañaban.
A ese atentado siguió otro más grave, como fue el arrojar una bomba Molotov a la policía que estaba tratando de disolver los disturbios que en ese momento se desarrollaban en la ciudad.
Ocurrido eso –que en la ley arrojar una bomba molotov a una persona, significa un intento de homicidio, y eso no puede quedar impune– la policía logró detener a quién presuntamente la arrojó.
Quien tiró esa bomba es un joven, que fue identificado por un tatuaje en su mano izquierda y en su domicilio se encontró material del movimiento Teresa Rodríguez, la organización que empezó a arrojar piedras contra las ventanas de los despachos oficiales. Al igual que otro de los detenidos en la causa, ese inadaptado cobraba un plan Potenciar de $16.500, más un plus de $5.000. El Gobierno nacional inició los trámites para darlo de baja.
El otro detenido, que también arrojaba piedras, percibe un subsidio Potenciar Trabajo por $33.000. El militante del MTR está acusado de haber lanzado un artefacto explosivo contra el oficial Alfredo Gutiérrez, que formaba parte del grupo antidisturbios de la policía porteña que se desplegó para repeler a los individuos que arrojaban objetos contundentes contra el Congreso, prendían fuego contenedores y neumáticos.
Los planes sociales deben ser entregados a personas que realmente lo necesitan y no a cualquier individuo, que como en este caso, usa la violencia, arrojan piedras o bombas, deteriorando la paz social y atentando contra la vida de sus semejantes.
Por otra parte, bueno es preguntarnos: cómo viven todas esas personas que permanentemente cortan calles, molestan la paz social, no trabajan o por lo menos, ese día, se dedican a entorpecer la paz ciudadana.
Es hora que la autoridad se pregunte eso e investigue, porque si le damos planes sociales a personas para que lastimen la convivencia diaria de la ciudadanía, no solo está mal, sino que habría que investigar a los funcionarios públicos que dilapidan los recursos del Estado en personas que no merecen recibir esa ayuda.
