En Los Andes del 25 de mayo pasado se publicó una nota sobre la puja de tres intendentes por los U$S 1.023 millones disponibles por la malograda represa Portezuelo del Viento.
Frente a un estado fundido los entes estatales deberían implementar el sistema de “Concesión de obra pública” que aplican muchos países tales como Chile, México y otros. En ellos la administración (nacional, provincial, municipal) encarga la realización de una obra pública concediéndole al contratista su explotación por tiempo determinado. Las empresas adjudicatarias asumen los proyectos, diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, como así también la recuperación de su costo a través del cobro de una tarifa o cuota al usuario.
Según la envergadura de la empresa, para ejecutar la obra, puede aplicar fondos propios o provenientes de créditos, bancarios u otras fuentes. Lo destacable es que no se hace uso de impuestos ni del crédito público.
En ciertos casos, durante el lapso de concesión, el estado concedente puede percibir regalías, nada despreciables por cierto.
Creo que no es cuestión de pelearse como cuervos por los fondos sino cambiar la forma de financiar las obras públicas, como lo practican con éxito otros países. El sistema es, también, menos propenso a la corrupción.
* Ricardo Ruiz Vega es CPN Mat. 1186.
