Los usuarios del servicio eléctrico de gran parte de la provincia comenzaron a encontrarse con un aumento en el cargo de alumbrado público, y para los usuarios de “grandes demandas”, el costo extra va de $1.100 a $1.222 de forma mensual. No se trata de un incremento directo del servicio, que está congelado al menos hasta fin de año, sino de una actualización en el CAP (Cargos del Servicio de Alumbrado Público) que se cobra tanto en viviendas, como en los pozos, que tienen boletas aparte.
Según explicaron desde el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), “con el fin de unificar la tarifa de Alumbrado Público, mediante el sistema solidario contemplado en la Ley 9219/2018 para los municipios que lo integran: Lavalle, Santa Rosa, Junín, San Carlos, Luján, Gral. Alvear, La Paz, Tupungato, Malargüe, San Martín, Maipú y Rivadavia y por solicitud de dichos Municipios, mediante Resolución 91/2019 se pusieron en vigencia los nuevos cargos del Servicio de Alumbrado Público, regulados por las tasas municipales de cada departamento”.
Hasta el año 2017 existía un único valor por el concepto alumbrado público para todos los usuarios, pero como la recaudación no siempre alcanzaba para cubrir el total de las facturas, funcionaba un “fondo compensador”, así la recaudación de los municipios con más habitantes “compensaban” los faltantes de los municipios con menos. A partir del año 2018 se dio de baja ese fondo, y se definió que cada comuna debía fijar una grilla de cargos para cobrarle a los usuarios, y pagarle a las empresas distribuidoras las facturas que surjan por el concepto de alumbrado.
Los departamentos que detalló el EPRE no actualizaban estos cargos (la grilla) desde diciembre de 2017, y especialmente para el sector rural, será un impacto grande.
Así, para la tarifa “general” bimestral, el cargo es de $900, en tanto que las Grandes Demandas pagan de forma mensual $1.100 (baja tensión) y $1.222 (media y alta tensión). Esta situación generó objeciones por parte de los referentes de las zonas productivas, y es que consideraron que incluir un cargo de alumbrado público, en zonas en donde muchas veces el servicio es inexistente, resulta al menos injusto.
“Para el sector productivo es imposible pagar cualquier concepto más, el fondo compensador que existía ya no existe más y ahora los municipios tienen que hacerse cargo de pagar el alumbrado público. Resulta imposible afrontar un cargo fijo de $900 (Pequeñas demandas “general”), que lleva una factura a $2.000, a veces por un pozo que no se usa”, indicó Gabriela Lizana presidenta de APROAM (Asociación de los Productores del Oasis Este Mendocino).
Según indicó la empresaria, el cargo recae sobre viviendas que están “en el medio del campo”, en donde el acceso al alumbrado público resulta muy lejano, y golpea a productores que tienen una participación muy reducida (cercana al 6%), sobre el precio final de su producto. “No podemos sumar ningún costo extra, con una rentabilidad como esta, y en agosto nos aparecieron cargos duplicados”, apuntó.
De igual manera, Mauro Sosa, del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, comentó que pidieron explicaciones al Consejo Consultivo del EPRE para conocer qué abonan los usuarios. “Se trata de un cargo solidario porque en las calles del campo a veces no hay ni un foco”.
Aplicación del cargo
“Empezamos a facturar con una tasa por alumbrado público, que lo van a pagar todos los usuarios, en nuestro caso de San Martín, tengan alumbrado público, o no lo tengan. La gente percibe que aumenta la luz, pero en realidad no hay aumento: este mes se está pagando el bimestre más bravo de pandemia, que fue junio y julio, con la gente calefaccionándose en sus hogares, con un consumo de kw nuevo, y a esto se le suma el concepto de alumbrado público”, explicó José Álvarez, titular de la Federación de Cooperativas Eléctricas de la República Argentina, y de la distribuidora eléctrica Alto Verde.
“En las zonas rurales es en donde más injusticias se verán, porque hay casas cada 1 km, o más”, agregó, y explicó que antes de esta unificación de cargos, se tenían en cuenta la ubicación de la vivienda, y si la misma estaba retirada o no de las calles alumbradas.
