La producción caprina viene en declive a nivel nacional, pero Mendoza se mantiene en el podio de los mayores productores del país. De acuerdo con la última información estadística relevada, en toda la provincia hay unas 695.358 cabezas y un total de 3.946 productores. Sólo Neuquén tiene mayor actividad en el sector, con 751.853 cabezas, pero concentradas en menos manos (2.475 productores).
La mayor parte de los productores se encuentran en el departamento de Malargüe, donde se celebra todos los años la “Fiesta Nacional del Chivo” y se concentran dos tercios de la producción total. Luego le siguen San Rafael y Lavalle, ambos con poco más de 100 mil cabezas. El resto de los departamentos tiene una participación mínima.
Lo cierto es que, en los últimos años, los productores locales han tenido serias dificultades para expandir la actividad. Los constantes problemas de falta de agua, el ataque de animales salvajes protegidos, la informalidad del sector y los conflictos por la propiedad de la tierra, han ido imponiendo trabas a través de los años, sin efectivas soluciones.
La sequía, el gran enemigo
En líneas generales, lo que más afecta a los productores de caprinos es justamente la escasez del recurso hídrico. Diferentes actores del sector consultados por Los Andes remarcaron que se han secado lagunas y arroyos en las zonas de mayor producción, lo que no sólo impide la hidratación de los animales, sino que también impide el crecimiento de pastos para alimentarlos.
“La primavera pasada fue muy seca y sólo llovió durante noviembre, diciembre y enero. Después, no más. Al estar tan seco ha disminuido la comida para los animales y ahora empieza la temporada de las heladas. Estamos muy complicados”, avizoró Ariel Villegas, productor caprino de San Rafael que cuenta con un total de 250 cabras de vientre.
Para el trabajador de 50 años el panorama no es el más alentador: “Venimos de varios años de sequía y por ahí lo vamos sosteniendo, pero es muy difícil poder proyectar por poca predictibilidad del clima”, estimó
Para Diego “Manota” Montón, secretario del consejo asesor de Fecocaf (Federación de Cooperativas Campesinas y Agricultura Familiar), la baja en la cantidad de cabezas de ganado caprino en Mendoza está directamente relacionada con la sequía que experimentaron en 2021, un panorama que se repite en este 2022.
“Éste vuelve a ser un año crítico con el agua. Para la época de la parición hay muy poco forraje por el campo seco y a eso se le suma cómo se han elevado los precios de los insumos para poder acompañar a la madre ese período. El precio del maíz está altísimo o la alfalfa ha subido, por lo que va a ser otro año complicado”, anticipó.
A esos problemas se suma la falta de infraestructura en las zonas productivas y la inseguridad. Según los productores, el mal estado de los caminos dificulta y encarece la comercialización, mientras que la inseguridad pone en riesgo el negocio desde lo económico.
Una ley poco efectiva
En cuanto a los animales, el problema es claro: la depredación. En la zona de Malargüe, advierten los productores, se pierde mucho ganado a causa de los perros, pumas y zorros. La caza no está permitida y el control de los animales salvajes se dificulta seriamente.
Desde el sector apuntaron que el principal problema es que no se ha controlado el crecimiento de estas poblaciones, por lo que se ha producido un desequilibrio que da como resultado pérdidas de entre el 15% y 20% del total de la producción, lo que daña la rentabilidad de la actividad.
Esta dificultad no es para nada nueva. Incluso las autoridades tomaron cartas en el asunto. Desde hace un tiempo está vigente una ley en la que el productor puede recibir un reintegro para compensar el daño ocasionado por el depredador en el ganado menor pero, como lo graficó Damián Carbó, director de Ganadería de la provincia, resulta poco efectiva.
Si bien la norma se pensó para combatir este problema, no se ajustó al perfil del productor caprino. “Para explicar de manera muy general cómo funciona, ley reconoce el 50% del valor del cabrito menor, Ese daño tiene que ser denunciado ante Recursos Naturales. Ellos constatan el daño, lo informan a Ganadería y nosotros le damos el valor que tiene el chivo en el mercado. De ahí dispone el pago. El problema viene cuando el productor va a cobrar la compensación, porque generalmente no son sujetos aptos porque, como para cualquier subsidio, necesitan tener el cumplimiento fiscal, declarar la actividad en la AFIP, tener regularizado el stock, etc. Entonces, por una cosa o por otra el productor no puede cobrarlo. Además, son valores bajos los que se pagan”, describió el funcionario.
Para Carbó, el mayor ataque de los depredadores está directamente relacionado con la menor presencia de los puesteros en el campo con los animales. “Ya sea por los cambios en los hábitos o porque las familias sufren el éxodo de los jóvenes, falta el recorredor o el arriero que anda con los animales, por lo que el puma se encuentra en ventaja. Ya los chivos están más vulnerables si no están con alguna persona o en el corral”, dijo.
Algo en lo que en parte coincidió el productor sanrafaelino Villegas: “Los jóvenes se van a la ciudad y no vuelven y la gente mayor es la que se dedica a la cría de cabras. La cantidad no aumenta porque es muy difícil, por ejemplo, en el tiempo de parición. Es mucho trabajo para una sola persona y el puma termina atacando a los animales que quedan solos”.
La solución que barajan ante la inefectividad de ley es la prevención. “La Ley es algo de escritorio que en la práctica no beneficia al productor, por lo que fomentamos ir antes del daño. Consensuamos con el sector la implementación de perros pastores. En Malargüe se acordó la cría de estos animales, que, si bien no se enfrentan al puma, logran prevenir sus ataques. Es una técnica usada en lugares como Bariloche y está aprobada”, alegó.
La evidente informalidad
La realidad del sector caprino es que aún prima la informalidad, algo que queda reflejado con la falla de ley que busca compensar el daño de los depredadores. Así, las 695.358 cabezas son apenas un piso, porque una parte de las cabras y chivos de la provincia no han sido registrados de manera legal y se comercializan en el mercado negro.
Damián Carbó sostuvo que una de las herramientas con las que cuentan para lograr cierta transparencia en el sector es la Ley Caprina, una norma que funciona con fondos nacionales y permite a los productores tener financiamiento, aunque reconoció que el gran problema “es que cada vez tiene menos presupuesto y funciona con un monto fijo”.
A partir de la presentación de proyectos y reuniones de los delegados con los productores, se fomenta la formalidad, ya que para poder obtener financiamiento (con créditos blandos con bajos intereses y períodos de gracia) y los beneficios de la ley, es necesario contar con todos los papeles en regla.
“Ya hay un acuerdo entre la Nación y la Provincia para ejecutar fondos por U$S 600.000 para iniciativas del sector. Eso viene de un trabajo del Programa de desarrollo de la cadena caprina (Prodecca) que quedó frenado desde 2019 por la falta de acuerdos. Vamos a revalidar proyectos que habían logrado la aprobación en ese año y vamos a validar que sigan teniendo esas necesidades para financiarlas con este dinero”, anticipó el funcionario.
Otra de las acciones que mencionó Carbó es el trabajo conjunto con asociaciones y la Subsecretaría de Agricultura Familiar. “Se ha ido regularizando bastante, al menos la parte de inscripción en la AFIP y eso abre la puerta a grandes beneficios. Pero hay que tener en cuenta que el perfil de productor es cada vez más pequeño, con piños de 100 a 150 cabras, por lo que una familia con eso no puede vivir completamente, lo que lleva a buscar otros trabajos o changas”, declaró.
Sin embargo, para Diego Montón, la informalidad se explica en la falta de más programas gubernamentales. “Esto hace que la mayoría de nuestra producción se vaya de la provincia por mayoristas a lugares como Córdoba, Mar del Plata y mucho a Neuquén, donde el chivo de Mendoza se vende como si fuera de allí”, argumentó.
“Un tema importante para la formalización es que esté ajustado el funcionamiento de los mataderos y que tengan un costo razonable y accesible para los puesteros”, opinó Montón. En este sentido, el productor Ariel Villegas contó que el mercado informal se vuelve para ellos la salida más efectiva para poder vender sus productos. Es que para poder comercializarlo de manera legal a través de los mataderos habilitados en la provincia como el de Lavalle y el de Malargüe, el productor debe contar con vehículos habilitados por Senasa para el traslado de los animales, incluso uno de esos debería contar con cámara frigorífica.
“Lo poco que producimos buscamos la manera de lograr el mejor precio y muchas veces es en el mercado negro. Hemos estado vendiendo a través de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza y hemos hecho cosas que individualmente no hubiéramos hecho”, argumentó.
Si bien han buscado trabajar la formalización de la actividad, destacaron que para el productor puede terminar siendo un problema, porque aumentan los costos pero no tienen garantías de ubicar sus productos. Se suman dificultades burocráticas para resolver los registros que se exigen ya que la mayoría de los puesteros viven en zonas rurales y, para completar los trámites, deben hacer largos viajes. “También está la parte impositiva. Insistimos en que habría que tener más facilidad para acceder al monotributo social agropecuario, pero todavía no está tan aceitado como esperábamos”, añadió Montó.
La discusión por la tierra
También de larga data, la propiedad de la tierra donde muchas familias producen cabras hoy ha sido uno de los problemas que aqueja al sector. Es que, pese a que en muchos casos los puesteros llevan décadas ejerciendo la actividad en el campo, no tienen regularizada la tenencia de la tierra y es un punto fundamental para el desarrollo del sector.
“Se da el desalojo de muchas personas en el campo, gente que ha vivido toda su vida ahí y que, de un momento para otro, han sido desalojados por terratenientes. Algunos de los productores son poseedores, nada más. La idea es poder seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida y no tener que perder todo de un momento para otro”, reflejó Ariel Villegas.
Uno de los grandes inconvenientes en ese sentido, desde la perspectiva de Carbó, es que la propiedad de tierra tiene una particularidad distinta en cada departamento y que se debe tratar en forma particular en cada municipio, aunque hay algunos que están trabajando sobre el tema, como en Malargüe y General Alvear.
“La Dirección de Ordenamiento Territorial ha trabajado mucho y nosotros hemos colaborado, pero cada departamento tiene su situación particular respecto de la tenencia de la tierra. Hay algunas que son propiedad de la Provincia u otras que son de particulares, pero que no han hecho las sucesiones”, detalló el director provincial de Ganadería.
Un producto de calidad distintiva
Desde el sector señalaron que otro de los puntos a mejorar es el consumo estacional de este tipo de productos, concentrado principalmente a fin de año. “En Mendoza el consumo sigue siendo estacional. Hay una producción muy importante en la provincia, pero no hay ninguna política que esté asociada a poner en valor el origen o que se fomente a través del turismo, ni que se fomente el consumo cotidiano para los mendocinos, como sí lo vienen haciendo en Neuquén o San Luis”, contó el dirigente de Fecocaf.
“Venimos trabajando para instalar el consumo más allá de las fiestas. Hemos organizado un sistema de faenado en el matadero de Lavalle con el que obtenemos chivo todo el año. De hecho, ha ido aumentando mucho la demanda porque la gente que empieza a ver que se consigue lo empieza a instalar en las juntadas familiares o de amigos. Pero para que eso tenga vigencia, nos parece fundamental que el Estado tome cartas en el asunto”, detalló.
Esa calidad distintiva se ve reflejada en la demanda del producto. Como contó Villegas, la temporada pasada el chivo se vendió entre $ 4.000 y $ 4.500 en el mercado informal y en su caso en diciembre logró agotar todos los que tenía disponible. “Por ahí es la manera que tenemos para poder tener un buen precio. La actividad es rentable y año a año mejora su valor y se vende mucho. Los turistas nos los vuelan de las manos”, manifestó. Sobre poner en valor el origen, Montón explicó que, como sucede con otros productos como el vino, el aceite de oliva, entre otros, a lo que apuntan es a generar una Denominación de Origen o una Indicación Geográfica que permita distinguir al chivo mendocino del resto que se produce en el país. Algo que se viene haciendo en las dos provincias que mencionó. “Lo han inculcado mucho en el turismo, pero también le han puesto recursos estatales. Por caso, en Neuquén, por cada chivo que un productor faena en un matadero de manera legal, el Estado le otorga un subsidio, de manera de alentar la faena formal”, sumó.
Faena y exportación
De acuerdo con la información más reciente publicada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en los primeros dos meses del año se faenaron 14.492 cabezas de ganado caprino en Argentina, lo que representó un crecimiento del 20% respecto del mismo período del año pasado (aún no hay datos disponibles de marzo y abril).
