En 1954 el gobierno peronista en Mendoza de Carlos Evans decidió comprar el 51% de las acciones de Bodegas y Viñedos Giol, propiedad del Banco Español del Río de la Plata, convirtiéndose en accionista mayoritario. La intención era hacerse de una herramienta capaz de regular la vitivinicultura mendocina, proteger a los pequeños y medianos productores, comprándoles su uva o poniendo a su disposición la infraestructura de elaboración y comercialización y propender a su integración. Diez años después, se promulgó la ley provincial Nº 3137 que dispuso el funcionamiento de Giol como empresa estatal.
Además de estos objetivos, Giol incursionó en otras agroindustrias para colaborar en la diversificación productiva local (tales como las inversiones en fruticultura a través de “La Colina”), operó como un mecanismo para la difusión de salario indirecto, a través de la construcción de barrios y viviendas (La Colina I, II, y Canciller), obras de infraestructura y saneamiento, construcción de escuelas, programas de prevención de enfermedades y hasta contribuía con otros objetivos provinciales (por ejemplo, en el año 1983 Mendoza compra 17 Trolebuses a la URSS a cambio de vino y mosto elaborado por Giol, brindando servicio entre 1984-2009).
Su patrimonio era enorme y además alquilaba unas 40 bodegas de la provincia, ampliando su capacidad y generando un efecto económico multiplicador, dando trabajo a más de 3.500 mendocinos. En 1974 emprende una ampliación de su vasija vinaria pasando de una capacidad de 800.000 a 4.000.000 de hectolitros, controlando el 40% del mercado mendocino y constituyéndose en la bodega con mayor capacidad de vasija en el mundo, de ahí el mote de la “bodega más grande del mundo”. Se decía que nunca reguló el mercado vitivinícola. Pero otras voces sostenían lo contrario. Lo que sí está claro es que su intervención favorecía a los sectores productores y bodegas trasladistas, en detrimento de las fraccionadoras.
Giol fue privatizada en un proceso que comenzó con la gestión de Bordón y siguió con la de Gabrielli, constituyéndose en la primera del país. El creciente deterioro financiero, que financiaban los Bancos provinciales Mendoza y de Previsión Social, fue el argumento principal para decidir la venta. No obstante el endeudamiento, existía la concepción de que el mercado es más eficiente y mejor asignador de recursos que el Estado.
Para privatizarla, se dividió a la empresa en unidades funcionales que serían vendidas por separado, se reestructuró la empresa y se prescindió de más del 30% del personal a través de distintos mecanismos. No nos detendremos a analizar las especificidades. Si diremos que la unidad de fraccionamiento y comercialización fue vendida a una Federación de cooperativas Vitivinícolas (FeCoVita) de reciente constitución para esos años. Esto constituyó una rareza y llevó a que fuera catalogada como una “privatización social”.
Eliminado por completo el Estado como agente económico, el circuito vitivinícola se acopló al neoliberalismo reinante, primando la lógica mercantil como asignadora de excedentes económicos.
Se inicia así con fuerza en la década de los noventa un proceso de reconversión vitivinícola, con inversiones nacionales y extranjeras en el sector. La vitivinicultura asume un carácter exportador, primando la calidad. Esto trajo consigo la expulsión de muchos pequeños y medianos productores y bodegas. El impacto de las inversiones en nueva tecnología, sumado a la baja en el consumo, los excluyó dada la imposibilidad de financiar los cambios requeridos. Como resultado, el proceso de concentración y centralización de capitales se aceleró. De las 1200 bodegas que existían en la provincia a principios de los ´80, a comienzos 2000 quedaron 300 o 400; sólo 5 bodegas concentran el 75% del vino común y otras 5 bodegas controlan el 40% de los vinos finos; 2 grupos económicos concentran el 70% del mercado del mosto, uno de ellos enteramente internacional y el otro, mitad extranjero y mitad nacional.
Los agentes que resultaron más perjudicados fueron los pequeños viñateros que producen uva criolla, quedando en una relación de fuerzas muy debilitada. En Argentina en el año 1990 la superficie cultivada de vid era de 210.371 hectáreas y la cantidad de viñedos ascendía a 36.402. En promedio, cada viñedo tenía una superficie de 5,8 hectáreas. En el 2017 las hectáreas cultivadas aumentaron a 220.848 y la cantidad de viñedos disminuyó a 24.116. De esta manera, en promedio cada viñedo tiene una superficie de 9,2 hectáreas. Es decir, la propiedad de la tierra se concentró en menos manos, desapareciendo en su mayoría pequeños viñateros. Para tomar noción de la importancia del pequeño productor en la cadena vitivinícola debemos decir el 59,6% de los viñedos son explotaciones de 5ha o menos (9.256 productores ocupando sólo el 14,3% de la superficie cultivada), mientras que los viñedos superiores a 50 ha representan el 5% del total (825 productores ocupando el 44% de la superficie cultivada).
En este marco y mediado por pedidos de este sector, surge una bodega municipal en corazón de la Zona Este de Mendoza, la mayor productora de uvas del país. La Bodega “Raíces de Junín”, emplazada en el departamento de Junín, surge a raíz de la compra, por parte del municipio a cargo de una intendencia radical, de la Bodega “Pedro Carricondo SA”. Este proceso comenzó en 2015, entablando conversaciones con el Gobierno provincial (de distinto signo político) para lograr la recuperación de una bodega emblemática del departamento que entró en quiebra y el acreedor mayoritario era el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC).
Se produjo una cesión del crédito y se tomó posesión de la bodega en 2017, entrando en funcionamiento en la vendimia de 2018.
Según datos de 2018 del INV, en el Este de Mendoza se cultiva el 42% de la superficie total de vid. Participa con el 52% de la producción total de uva y con el 51% de la elaboración de vinos de la provincia. Mientras que la superficie de Mendoza aumentó un 8,5% desde el año 2000, el área Este ha caído un 5,4% en el mismo período.
La cantidad de viñedos también ha disminuido, pasando de 6.939 en 2000 a 6.711 en 2018. Por su parte, Junín posee el 93% de su superficie cultivada, por vides (16.000 ha). El 90% de ellas posee menos de 20 ha; de ésas, el 80% son menores de 10 ha, representando a 1.600 productores. Asimismo, existen alrededor de 107 bodegas en el departamento, pero en funcionamiento alrededor 70, de las cuales el 90% son trasladistas.
La bodega compra uva para elaboración de vinos, mosto y también elabora para terceros, con la posibilidad de fraccionarlo. Desde el municipio manifestaron que están trabajando con productores no sólo del departamento, sino de toda la zona Este. Se resalta la intención de agregar valor a la producción local, la generación de empleos, la intervención en la regulación del precio en el mercado y mejorar la competitividad de los productores.
La presencia del Estado como agente económico es muy valorada por los productores y contratistas de la zona, ya que les permite tener una herramienta de negociación y de poder frente a los demás agentes de la cadena. Manifiestan que la bodega funciona muy bien, que pagan el mejor precio, que dan adelantos de cosecha y cobran rápido, a diferencia de lo que les sucede con otras bodegas y cooperativas.
Aun cuando no posee la capacidad de regular los precios, posee un efecto orientador, por la sola presencia estatal en la relación mercantil. No hace falta que controle mayoritariamente el volumen de compras y ventas, sino que su sola presencia genera un efecto orientador de precios.
Respondiendo a nuestra pregunta inicial, podemos decir que el Estado no necesariamente debe intervenir en el proceso económico como empresario, pero queda claro, por la historia pasada y las necesidades del presente, que los agentes más pequeños y débiles de la cadena productiva reclaman su presencia efectiva para poder hacer frente al gran poder de mercado que tienen los agentes más grandes y así poder subsistir.
Al arbitrio de las condiciones del mercado, la reconversión vitivinícola aceleró la concentración económica, dejando desprotegidos a los pequeños y medianos viñateros que comenzaron a ser expulsados de la cadena. Así, surge el reclamo que encuentra eco en el nivel municipal y vuelve a tomar protagonismo el Estado como empresario, sin tener en cuenta los signos políticos, no casualmente en la zona Este, la mayor productora de uvas del país.
*La autora es Licenciada en Ciencias Políticas.
