Hoy un productor vitivinícola debe entender las nuevas reglas que promueve el Gobierno nacional, quien propone cambios radicales orientados al libre comercio mundial, desregulación total de la economía, instaurado de manera abrupta y radical, (con el aval del 55% de la población). Deberá entonces adaptarse rápidamente a las nuevas propuestas diametralmente opuestas a las existentes hasta hoy.
Falta de rentabilidad sostenida, injusta distribución de la renta al interior de la cadena, venta a perdida, plazos excesivos, crisis de representación gremial, cambio climático, falta de financiamiento acorde a la situación financiera del sector, atraso tecnológico, insumos dolarizados. Algunos pocos quizás vinculados a empresas extranjeras o nacionales que entienden los nuevos conceptos de triple impacto: social, ambiental y económico, han sido beneficiarios de un mejor trato. Otro tanto, quizás, beneficiados por acciones impulsadas por gobiernos que entienden que frente a circunstancias de vulnerabilidad, es necesario salir al rescate (ayudas en la pandemia) o se necesita un impulso especial (ANR, Programas como el desarrollo del enoturismo, lucha contra plagas) pudieron mantenerse en un marco extremadamente difícil por las sucesivas crisis, abusos de posición dominante y falta de mayor cantidad de políticas publicas orientadas a su promoción o subsistencia, con un contexto macroeconomico muy complicado debido a varios factores. Para algunos, la guerra, la deuda con el FMI, o la sequia como factores principales de esta coyuntura, Para otros, por una exagerada intervención del Estado, malas políticas macroeconómicas, y falta de libertad de los sujetos para poder comercializar libremente.
Hoy las cartas están sobre la mesa. Ante una realidad que enfrentara sobrestocks vínicos en el mercado externo que sí reconoce la pandemia, la guerra y el cambio climático como factores de incidencia en la baja de los precios a nivel mundial, se suman caída en volumen de ventas, retenciones que vuelven, costos en alza, un sector productivo con muy débil poder de negociación, una alta concentración del mercado, dolarización de costos, desregulacion de tarifas, liberación de precios de combustible. Enfrentará también caída en las ventas de mercado interno por las características recesivas, (el vino no es producto de primera necesidad), posibles importaciones, el impacto de la desregulacion del mercado y la posible minimización de las funciones del Instituto Nacional de Vitivincultura que, siguiendo la filosofía anunciada del Gobierno nacional, implicará mínimos controles y desregulaciones, con tendencia a que sea cada provincia la que asuma algunas tareas.
El productor y el bodeguero deberán acomodarse rápidamente al nuevo paradigma. Una industria muy controlada y regulada, más acostumbrada a solicitar intervenciones del Estado que a pedir libertades de acción, se enfrenta al desafío de no repetir la gran crisis originada luego del año 1990, que hizo caer la cantidad de viñedos de 36.402 a 25.180 (la concentración más grande de la historia de le vitivinicultura Argentina). Jamás se recuperó ese tercio que se perdió de viñedos, que llevá a que el tamaño promedio de hectáreas por viñedo pasara de 5,8 a 8 ha.
Tanto grandes como pequeños han sentido siempre la necesidad de hacer acciones colectivas en conjunto con el Estado, por ejemplo, el Pevi 2020 extendido al 2030, donde los estados nacionales y provinciales están presentes; acuerdo Mendoza-San Juan, marco regulatorio del precio del vino, que obliga a elaborar mosto en una proporción que se fija anualmente; pedidos constantes de los sectores productivos para créditos con tasa subsidiada por el Estado para la compra de insumos y para la inversión; crédito de cosecha y acarreo; intervención del Estado provincial con el Banco de Vinos para sostener precios; precio sostén, precios justos, reclamos constantes de abusos de posición dominante, criticas a los mercados oligopsonicos que fijan precios por debajo de los costos; y hasta la existencia de una bodega estatal en el departamento de Junín. Aportes del gobierno para la lucha antigranizo, lucha contra la lobesia; pedidos constantes de subsidios a la energía eléctrica; entre otros.
Incluso ya mismo se ve modificada la ley, recientemente derogada (ley 16.800), que establecía parámetros para la contratación del servicio de elaboración por cuenta de terceros, dejando al sector amparado en el marco legal general de la maquila y las leyes provinciales que se adaptaban a la nación.
Hoy el productor y bodegas pyme, deberán compartir el sexto mercado mundial más grande de vinos, como lo es el mercado interno argentino, acostumbrarse a no pretender la intervención del Estado en la formación de precios y a actuar en total libertad e individualismo a la hora de vender su producto a una bodega que tendrá mayores libertades en cuanto a exigencias de marco jurídico o control. Pero también mayor vulnerabilidad respecto a los actores más poderosos.
El sector obrero sufrirá la presión de reducir sus salarios, con mas facilidad para el empleador para rescindir sus contratos.
El mercado deberá organizar la tan difícil tarea de dejar en pie a trabajadores, productores, elaboradores, distribuidores y comercializadores, en un ámbito altamente competitivo, con jugadores muy fuertes, frente a otros de marcada vulnerabiliad, sin conceptos que sustentan la filosofía de subsididar actividades, porque no todo es el mercado sino que se valora el desarrollo rural territorial. Y serán los actores los que deberán adecuarse a una actividad histórica culturalmente nuestra, motor de ordenamiento territorial, que despojada de toda intervención quedará expuesta a su trasfondo comercial mas duro y poderoso. ¿Será posible?
Que las fuerzas del cielo nos protejan.
