En su visita a la provincia, el pasado 7 de noviembre, el ministro de Economía Sergio Massa anunció la implementación de un tipo de cambio diferencial, por 40 días, desde el 20 de noviembre -mañana- y hasta el 30 diciembre. Sin embargo, a horas de su anunciada entrada en vigor, no hubo más precisiones sobre cuál sería el monto de ese dólar para las economías regionales ni mayores datos sobre la operatoria, y será postergada.
Desde el entorno de confianza de Massa comentaron que, debido a que esta propuesta de un “dólar agro” recibió diversas objeciones desde el sector vitivinícola, porque no tendría el impacto esperado para favorecer a quienes tuvieron pérdidas totales o considerables producto de las últimas heladas, se está analizando un conjunto de medidas para incentivar el comercio exterior de las economías regionales, tanto afectadas como no afectadas por las contingencias climáticas.
De hecho, tres días después de viajar a Mendoza para detallar las acciones que se iban a implementar desde Nación para acompañar a los productores afectados por las heladas en diversas partes del país, Massa se reunió con representantes de la Unión Industrial Argentina para expresarles que el 20 estaría vigente un “dólar regional” e hizo hincapié en que el beneficio de este tipo de cambio diferencial debe llegar a los productores.
Precisamente, en su discurso en la Estación Experimental Agropecuaria Mendoza del INTA, ubicada en Luján de Cuyo, el ministro de Economía evitó referirse al valor al que se liquidaría la divisa estadounidense, pero sí planteó que uno de los requisitos para poder acceder es que tiene que haber acuerdos y contratos entre los exportadores y los productores, para que los incentivos que el Estado Nacional va a poner no queden solo como rentabilidad de los exportadores, sino que también lleguen al productor que está afectado”.
El segundo, es que “todos los integrantes de las cadenas de valor de las economías regionales participen del programa de Precios Justos, para garantizar abastecimiento y mercado interno en la Argentina y para que, de alguna manera, el esfuerzo del Gobierno llegue no solamente al productor beneficiario de las medidas, sino también a la mesa de todos los argentinos”.
Una vez terminado el acto oficial, el ministro de Economía y Energía de la provincia, Enrique Vaquié, cuestionó la medida y apuntó a que, a diferencia de lo que sucede con la exportación de soja, la vititinicultura tiene un ciclo de producción largo y no se guarda stock para vender en el mejor momento, sino que los exportadores tienen planes pautados con sus distribuidores e importadores, que se extienden durante todo el año.
Plazo demasiado corto
En pocas horas, fueron varios los referentes de distintas entidades que coincidieron en apuntar que este plazo, apenas unos días más extenso que el que se aplicó al “dólar soja”, no iba a resultar beneficioso para las economías regionales, por su dinámica particular.
Carlos Iannizzotto, quien hasta esta semana fue titular de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada), planteó que se trataba de una propuesta muy acotada frente a situaciones productivas que expulsan a productores y que producen como consecuencia el abandono de fincas. “Que me expliquen cómo corrigen con medidas aisladas, que duran días, una postergación de años de los productores de todo tipo, no solamente vitivinícolas”, lanzó.
Asimismo, indicó que el productor no quiere asistencialismo ni tampoco préstamos, porque no está en condiciones de devolverlos, sino “reglas claras, menos impuestos y poder trabajar”. Y recalcó que el productor de las economías regionales tiene ciclos de varios años, por lo que se debe pensar en medidas de largo plazo, que fomenten la producción y el empleo.
Por su parte, Rodolfo Vargas Arizu, quien es empresario vitivinícola e integrante del partido Más República, señaló que ofrecer una “ventana cambiaria” por 40 días “demuestra el total desconocimiento de las economías regionales y los ciclos productivos en nuestra región que tienen los funcionarios. Acá no operamos igual que con la soja. Esto el ministro debería saberlo, o sus asesores deberían decírselo. Desde acá se lo decimos: es hora de sincerar el tipo de cambio”.
Y si bien resaltó que es fundamental la asistencia para los pequeños productores, con pocas hectáreas cultivadas, ante las contingencias climáticas, sumó que no está claro cómo se implementarán las medidas para el resto de los productores, menos aún su vinculación con los programas de controles de precios, “que nada tienen que ver con la realidad de la agroindustria”.
Vargas Arizu manifestó que el encuentro de todos los partidos políticos, que favoreció la visita de Massa, hubiera sido una gran oportunidad para comenzar a discutir medidas de fondo, de largo plazo, vinculadas a un comercio internacional similar al de los países de la región; a la aplicación de tecnología para el agro que pueda mitigar o anticipar contingencias climáticas; al uso eficiente del agua; a las mejoras logísticas vinculadas a la producción, que brindan velocidad comercial y acceso a los mercados.
De esta manera, consideró, se podrían empezar a revertir los datos de la DEIE (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de la provincia), que muestran que, en los últimos 10 años, el agro ha tenido una caída cercana al 26% en su participación en el PBG de Mendoza.
Implementación en suspenso
Massa tiene algunos referentes en la provincia y Gabriela Lizana, directora del BICE Fideicomisos, es una de ellas. Detalló que, después de mantener varias reuniones con representantes de la vitivinicultura, quienes coincidieron en plantear que el plazo de 40 días era muy acotado, se llegó a la conclusión de que no se debía implementar solamente un “dólar agro”, sino una serie de medidas para incentivar el comercio exterior, de manera que las economías regionales recuperen la rentabilidad.
Y si bien el tipo de cambio diferencial no comenzará a aplicarse mañana, resaltó que esperan que haya novedades muy pronto sobre esta propuesta más integral. Y señaló también que es necesario cuantificar primero el daño, para poder definir la distribución de recursos, ya que, con el paso de los días, es más evidente que la afectación ha sido importante e, incluso, están apareciendo nuevas provincias que han tenido pérdidas en la producción, como Tucumán.
Lizana agregó que, en este momento, se están estudiando las acciones que apuntarían a cambios más estructurales. Consultada sobre cuáles podrían ser, la también integrante de Aproem (Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza) mencionó que, para ella, debería analizarse el tipo de cambio, las retenciones, facilitar la importación de insumos para la elaboración de vino, ayudas impositivas. “Somos conscientes de los problemas que hay”, lanzó.
Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, comentó que no han tenido novedades sobre las medidas anunciadas desde Nación, pero que tampoco han consultado porque no consideran conveniente la aplicación de un dólar de este tipo, ya que las distintas paridades que se van estableciendo “consolidan que haya una dualidad cambiaria tan fuerte como la que hay y no queremos convalidar esta situación”.
Sumó que, para las economías regionales, y puntualmente para las que se han visto más afectadas este año por las heladas y otras contingencias, exportar en una ventana de tiempo tan acotada no es factible. Así, analizó que tal vez haya un cierto stock de vino, de frutas secas o envasadas, pero que es difícil que alguien se pueda beneficiar de este tipo de cambio si no se prolonga en el tiempo, ya que en 40 días no se pueden hacer nuevos acuerdos, ya que se deben respetar los que ya se tiene con los clientes. “No es como con la soja, que se puede concentrar la venta en un mes”, señaló.
Por otra parte, Achetoni indicó que se está hablando de que el stock vínico rondaría los 6 meses en promedio, pero que, cuando se liberen los vinos de la nueva cosecha, al haber caído tanto la producción, tal vez se complique llegar al año con la materia prima disponible. Y resaltó que, de todos modos, la medida beneficiaría al sector industrial y es difícil que llegue al productor primario.
En cuanto a la exigencia de un contrato entre el industrial y el productor para poder acceder a esto valor diferencial al liquidar las divisas, explicó que el viticultor y el fruticultor entregaron la fruta al industrial hace meses, por lo que es imposible volver hacia atrás y establecer una relación contractual. De hecho, muchos productores no trabajan siempre con el mismo elaborador, sino que van negociando con quien les ofrece mejores condiciones.
Achetoni manifestó que lo más importante para los productores afectados por las heladas es que lleguen los aportes no reembolsables anunciados (ver aparte), que están dirigidos especialmente al sector y que permitirían que no se vean obligados a interrumpir los trabajos. Si bien reconoció que en muchos casos no se podrán realizar labores como raleo y cosecha, porque no ha quedado producción, explicó que siempre hay otras que se pueden realizar, pero que para eso es necesario contar con tiempo y dinero.
Así, detalló que se puede avanzar en otra producción o remover un cuadro viejo y renovarlo, pero que cuando hay trabajos más urgentes, como la cosecha, se van postergando. En ese sentido, ahora sería un momento propicio, ya que además se preservarían las fuentes de trabajo, -y con ello el entramado social y económico de las zonas rurales- pero se necesita financiamiento.
Dudas
Desde otras entidades, en tanto, se han pedido mayores precisiones sobre lo anunciado por Massa, para poder transmitir a sus asociados información certera, que les permita tomar decisiones. Patricia Ortiz, presidente de Bodegas de Argentina, señaló que han recibido muchas consultas de productores para conocer la “letra chica” de cada medida y poder, cuando se sepa cómo y cuándo se van a implementar, avanzar en la planificación.
Ortiz comentó que habían solicitado una reunión al secretario de Comercio de Nación, Matías Tombolini, y que les confirmaron que será este miércoles. En el encuentro, detalló, esperan poder aclarar varias inquietudes, ya que las medidas que se presentaron el 7 de noviembre no fueron claras en cuanto a ciertas contraprestaciones que serían requisitos, como el hecho de tener que ingresar a Precios Justos para poder acceder a un tipo de cambio diferencial, ni tampoco de otros detalles ligados a la implementación de cada una de las iniciativas.
Otras entidades que explicitaron sus dudas sobre los anuncios fueron la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de Mendoza (FEM). El presidente de CAME, Alfredo González, señaló que es muy difícil opinar sobre el “dólar agro”, cuando todavía no se tiene información precisa sobre cómo se implementará la medida.
Por su parte, el presidente de la FEM, Alfredo Cecchi, en coincidencia con CAME, expresó que todavía hay algo de imprecisión en cuanto a la asistencia desde Nación. Sobre esto, planteó que se habla de $1.500 millones de ayuda para los productores primarios, pero que no está claro si serían sólo para Mendoza o un monto para distribuir entre todas las provincias afectadas por las heladas.
El gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, Mauro Sosa, comentó que esta semana se reunieron con el gobernador Rodolfo Suárez, para analizar diversos temas incluidos en un petitorio que le hicieron llegar junto con un pedido de audiencia. Entre las temáticas, había algunas provinciales, otras nacionales y algunas que abarcan a ambas, como el sostenimiento del empleo (desde el Gobierno provincial se incluyó una línea en Mendoza Activa 4, denominada Recuperagro, y desde Nación se habló de un Repro).
Sosa expresó que comparten que ha habido imprecisión en los anuncios nacionales pero que, desde la entidad, prefieren tomarse un tiempo para poder evaluar las medidas, cuando se conozcan precisiones, como el valor que tendrá el mencionado “dólar agro”.
De todos modos, adelantó que el ciclo de las exportaciones vitivinícolas es diferente al que se propuso, desde mediados de noviembre y hasta fin de año, pero acotó que aún falta conocer cómo se deberá cumplir con las dos condiciones para acceder al tipo de cambio diferencial: el contrato con productores y mantener el precio en góndola de los productos, cuando se puede tratar de exportadores que no venden en el mercado interno ni sean empresas que estén integradas a una cooperativa.
Sosa sumó que, en la reunión con Suárez pudieron avanzar en ciertas propuestas y que están a la expectativa de lo que se conozca desde Nación, pero que hicieron hincapié en que es necesario que se sostengan los subsidios nacionales para la tarifa de riego, para complementar los descuentos que la ley provincial establece para los productores que se encuentren en situación de emergencia o desastre agropecuario. Esto, porque, en un contexto de escasez de agua, quienes no perdieron toda la producción deberán recurrir a las perforaciones para complementar el agua que les llega con el turno.
Nicolás Vicchi, subgerente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas), se sumó al planteo de que no se conocen aún los detalles de las medidas nacionales y sumó que no sólo del dólar diferencial, sino de las otras que Sergio Massa anunció en su visita. Y agregó que se necesita tener detalles sobre la “letra chica” de modo urgente, para poder trabajar en la asistencia a los productores afectados.
Vicchi indicó que entienden que, con el tipo de cambio diferencial, hay una buena intención de generar una mejora competitiva para las exportaciones vitivinícolas, pero que no va en sintonía con los mercados y las características particulares del sector. Expresó que desde la entidad insisten en la necesidad de un dólar unificado, competitivo y permanente, que les permita incrementar las ventas al exterior. Pero que, en caso de tratarse de una medida de coyuntura, debería extenderse, mínimamente, por un año.
Por otra parte, manifestó que el gobierno provincial y el nacional deberían trabajar de modo coordinado para optimizar los recursos y complementar las ayudas brindadas por uno y otro. Además, consideró importante que se cree una mesa de la que también participen las asociaciones de productores, para simplificar la presentación de la documentación necesaria y facilitar el acceso a la asistencia.
Otras medidas anunciadas por Massa
El pasado 7 de noviembre, el ministro de Economía de Nación, Sergio Massa, no sólo anunció, ante productores y entidades de la región andina de todo el país, afectados por las heladas, la implementación de un tipo de cambio diferencial. También mencionó que se van a transferir aportes no reintegrables por $1.500 millones.
Otra de las medidas que planteó fue el lanzamiento de dos líneas de crédito. Una, del Banco Nación y del Banco BICE, a 18 meses, con tasa cero. Y la segunda, que involucra al Ministerio de Economía y los gobiernos provinciales, tiene un plazo de devolución de 60 meses, con un año y medio de gracia, y una tasa fija el 48%.
Massa también adelantó que los productores de cada una de las provincias afectadas van a tener acceso al Repro (Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo), para garantizar que no se pierdan puestos de trabajo.
Se espera que sobre los ARN y la línea de créditos a tasa 0 hayan novedades muy pronto. De todos modos, para poder acceder, los productores deberán contar con el certificado de emergencia o desastre, que otorga la provincia.
Apertura del registro de productores afectados
Este martes se abre el registro para que los productores afectados por las heladas puedan realizar la denuncia. Quienes tengan el RUT Digital aceptado, podrán hacerlo de modo virtual a través del SIA (Sistema de Información Agrícola): www.sia.mendoza.gov.ar. De lo contrario, deberán hacerlo en forma presencial, con el número de RUT. Tienen tiempo hasta el 5 de diciembre para registrarse.
La ley 9083 establece que, en el caso de viñedos y frutales, se deben esperar 20 días desde ocurrida la contingencia para abrir el registro de denuncias por parte de los productores. Esto, porque es conveniente aguardar para que se produzca la floración y el cuaje definitivo, que permite constatar si hubo pérdida en la producción y cuantificarla.
Luego de recibidas las denuncias (hay un plazo de 10 días hábiles), los peritos salen al territorio a verificar el daño y determinar si se trata de una situación de emergencia, es decir, con una afectación del 50% al 79% en los cultivos, o de desastre, cuando es de 80% o más.
