En la jornada del miércoles, el fiscal de Estado de San Luis, Eduardo Allende, presentó en la Justicia Federal una denuncia penal en contra de los productores agropecuarios que continúan cortando las rutas de ingreso a la provincia en sus límites con Mendoza, Córdoba y La Pampa.
Pasado el medio día de este jueves llegó a nuestra provincia en la Fiscalia Federal N° 2 de Mendoza la denuncia penal contra los productores que se encuentran en Desaguadero bloqueando el ingreso a San Luis en señal de protesta por los protocolos sanitarios que han dispuesto sus autoridades. Ahora resta esperar para conocer cuáles serán los pasos a seguir en la causa.
En tanto, la Fiscalía Federal de Río Cuarto, provincia de Córdoba, recibió el miércoles una denuncia penal contra quienes “resultaren autores, coautores, cómplices, encubridores y/o instigadores de los cortes que vinculan a las provincias de San Luis y Córdoba”, específicamente aquellos registrados sobre las rutas nacional 7 y sobre la provincial 30 (próximos a los ingresos de Justo Daract y La Punilla, respectivamente).
El fiscal puntano se amparó en el artículo 194 del Código Penal, que considera que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Según sus argumentos, en los reclamos de los productores agropecuarios que tienen propiedades en San Luis se “alude al impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra interjurisdiccionales, provocando un obstáculo insalvable para la libre circulación de bienes y personas, como así también para el comercio terrestre interprovincial e internacional”.
Allende busca terminar con los cortes del lado cordobés, algo que del lado mendocino intentaron el martes pasado, cuando la protesta llevaba tan sólo una hora. En ese momento, la Policía Federal llegó con la intención de desarticular el corte a partir de la orden de un juez federal de San Luis -al que no quisieron mencionar-, sin embargo, al estar los productores en territorio de Mendoza fue desconocido por no tener jurisdicción.
Este pedido de la fiscalía puntana busca obtener órdenes de jueces federales de Mendoza, Córdoba o La Pampa, lo que les permita terminar con el bloqueo de caminos en cada provincia.