¿Hay buenas herramientas del Estado para favorecer al agro? ¿Es pareja la asistencia para todos los sectores? ¿El gobierno debe intervenir en los mercados? Son preguntas que seguramente tendrán respuestas muy diferentes según quien las responda.
Es común para los periodistas encontrarse con posturas muy distintas, incluso entre referentes sectoriales que persiguen los mismos objetivos con ideales similares. También aparecen quejas o cuestionamientos de un supuesto favoritismo por parte del Estado hacia uno u otro sector. En el caso de Mendoza, se pueden oír opiniones que apuntan contra la cantidad de recursos destinados al sector vitivinícola.
En este sentido, es válido aclarar que hay una serie de medidas pensadas exclusívamente para esa actividad económica, como el Banco de Vinos o algunas líneas de financiamiento, pero también es cierto que hay herramientas que están disponibles para todos los sectores del agro y son poco utilizadas, ya sea por desconocimiento o por falta de interés.
Algunos años ha llamado la atención por ejemplo la baja convocatoria lograda por el seguro contra heladas y granizo que, según informaron desde el Gobierno, cuenta con un 80% de subsidio por parte del Estado.
También están disponibles para todos los sectores los beneficios incluidos en Mendoza Activa, que abarca líneas especiales para forraje, ganadería y agroindustria en general. A eso se suman los créditos con tasa subsidiada para la colocación de malla antigranizo o sistemas de riego agrícola, instrumentos con demanda reducida por parte de algunos sectores productivos.
Finalmente se pueden mencionar otras acciones generales, como los informes de cosecha, que son claves para predicción de producción (los financia el IDR), las misiones comerciales organizadas por ProMendoza y los operativos montados por el Iscamen.
En resumen, hay decenas de herramientas públicas que impulsan la actividad agrícola en su conjunto pero, a su vez, hay quejas constantes de diferentes sectores que reclaman atención. Lo que está claro, es que falta comunicación para que todos los actores de las cadenas productivas sepan qué instrumentos están disponibles y para que el Gobierno pueda redirigir sus esfuerzos hacia las necesidades más urgentes de cada sector.
