La producción de ajo deberá enfrentar algunos cambios en las normas laborales. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incorporó un nuevo indicador mínimo de trabajadores (IMT) para la producción primaria y empaque de este cultivo, con el objeto de desarticular potenciales maniobras de fraude, al establecer una cantidad mínima de empleados requeridos para llevar adelante esas actividades.
A partir de la Resolución General 5231/2022 publicada en el Boletín Oficial, el ente fiscalizador modificó el Anexo de la Resolución General Nº 2.927 y sus modificatorias para indicar que en la producción primaria de ajo deberá tener dos trabajadores permanentes cada 25 hectáreas cultivadas o 300 toneladas producidas. Mientras que para el empaque será obligatorio tener tres trabajadores permanentes para la producción de hasta 700 toneladas, más un trabajador cada 500 toneladas, entre otras modificaciones. De esta manera fortalece sus herramientas de fiscalización del trabajo rural mediante la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social del organismo.
”Las fiscalizaciones y controles sobre sectores con elevados niveles de informalidad laboral nos permiten desarticular maniobras que afectan los derechos de las trabajadoras y los trabajadores y mejorar los ingresos fiscales necesarios para implementar las políticas públicas”, indicó el titular de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Carlos Castagneto. Con la incorporación del nuevo indicador para la producción primaria de y empaque de ajo, que se concentra en Mendoza, el organismo suma 92 indicadores que potencian la capacidad de fiscalización y control sobre sectores agrícolas, ganaderos, industriales y comerciales, en todo el país. La norma fue articulada en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las cámaras empresarias que nuclean al sector.
“Los indicadores mínimos nos permiten fortalecer las fiscalizaciones que realizamos en todo el país junto con la cartera laboral. Nuestras herramientas se potencian a partir del trabajo articulado con otros organismos públicos, como los ministerios de trabajo provinciales y las entidades sindicales”, expresó Castagneto. Los IMT se utilizan en el marco de fiscalizaciones de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP a empleadores que en el ejercicio de una actividad económica no declaran trabajadores en su nómina o declaran menos de los que realmente están realizando tareas. La confección de los IMT requieren del análisis del proceso productivo y comercial de la actividad. A partir del indicador, el organismo puede determinar aportes y contribuciones que le corresponden a los trabajadores que hayan cumplido sus tareas y no hayan sido declarados por sus empleadores.
Para determinar la cantidad mínima de trabajadores y trabajadoras requeridos en la producción primaria y empaque de ajos se tuvieron en cuenta la mano de obra permanente y necesaria para las distintas etapas que conforman su producción, en función de las hectáreas afectadas a este cultivo.
Como parte de las acciones estratégicas impulsadas por la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP para combatir el trabajo informal a lo largo de los últimos dos años y medio, el organismo complementa las fiscalizaciones presenciales que se realizan sobre los sectores de elevada informalidad con inducciones directas a empleadores y procesos automatizados de determinación de deuda. La mejora de las herramientas y sistemas disponibles permite ampliar el universo fiscalizado de empleadores con potenciales situaciones de irregularidades e incumplimientos a nivel nacional. Los instrumentos de investigación y control se potencian, a su vez, con los avances registrados en la implementación del Libro de Sueldos Digital, que permite a los empleadores cumplir con distintas obligaciones en un único trámite, favoreciendo la despapelización, simplificando el cumplimiento y reduciendo costos.
