Muchos conocían a Mario Leiva en el Valle de Uco, pero su figura se popularizó desde fines del año pasado en toda la provincia, cuando como presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, estuvo en las manifestaciones por el intento de modificación de la ley 7722, también conocida como “ley antiminera”. La institución que representa reúne a varios productores de durazno de la provincia y durante estos días ha estado en la negociación con el sector industrial por su precio. Es además delegado provincial de la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) y mantiene una mirada muy amplia sobre la mayoría de los sectores productivos que se desarrollan en Mendoza.
-¿Cómo ve la situación actual del sector agrícola?
-Ha seguido mal y se ha agravado con la última devaluación. Por dar un ejemplo, hacer una hectárea competitiva de ajo de primera calidad para exportaciones el año pasado salía 4.000 dólares y este año cuesta 6.000 dólares. Hablamos del costo operativo básico: lo que es combustible, fertilizantes, salarios… todo eso costó dos mil dólares más. El mínimo para que sea rentable y funcione bien es cinco hectáreas.
El tema son los precios. En el caso del vino hay grandes jugadores que concentran el mercado, grandes empresas que siguen pagando lo mismo desde hace años.
Los productores estamos regalando la producción para que después ellos vayan al ministro de Economía y agradezcan los reembolsos que les dan por exportación, pero esa plata no llega a los productores primarios y eso hay que decirlo.
-¿Cómo ve las reuniones para acordar un precio para el durazno?
-El jueves 3 de diciembre hubo una reunión con los representantes industriales del durazno. Fue la primera reunión bajo el paraguas de la ley 9.133, que creó un Registro Único de Contratos de compra venta de Productos Agrícolas. Los industriales fueron sin mandato, no mostraron los costos y tendrá que definirse el viernes (por ayer) con una propuesta de pago concreta.
Esta ley es un ejemplo para todo el país. Lo que se ha hecho no es más ni menos que ejecutar el código comercial argentino que establece la obligatoriedad de darle un precio a la mercadería. Anteriormente entregabas la fruta y después veías cómo y cuándo te pagaban. Eso solo en Argentina pasa.
-¿Cree que dará un buen resultado?
-Más allá de los empresarios “jurásicos” y prebendarios que tenemos, esto va a modificar la relación con los productores. Es una cuestión justa, de buen precio y buena calidad, va a beneficiar al productor y al consumidor, porque el productor cobra barato pero el consumidor final consume caro. Se espera que sea un mecanismo ecuánime, moderno.
Al productor siempre se le pide adaptarse y cambiar el consumo de la energía, tecnificar el riego, todo, pero los industriales no cambian. Miles de veces les hemos dicho, por ejemplo, que prueben otro tipo de packaging como tetra, pero no hacen nada de eso. En el mejor de los casos han pagado $ 15, 16 por kilo de durazno mientras que ahora en la góndola una lata de medio kilo de durazno con almíbar está a $ 185.
-¿Cómo analiza la situación del productor?
-Se están vendiendo viñas por todos lados, cada vez más productores quedan afuera. Los productos que hacemos nosotros son excelentes, exportamos nueces, vino, orégano de muy buena calidad. Acá no hay un problema de producción, sino de comercialización. Si uno compara el precio en góndola y el precio en finca, ahí ve la distorsión.
No es que el productor produce con mala calidad. A pesar de los costos y la inestabilidad sigue trabajando bien, pero a costa de que se descapitaliza, a costa de vender bienes particulares para llegar a fin de cosecha.
-El gobernador Rodolfo Suárez sostiene que la minería y la reforma de la Ley 7722 sigue siendo un tema a debatir, ¿cómo ve usted el panorama?
-Con relación a la 7722, nosotros defendemos el agua desde la producción, no desde un ambientalismo fanático, y entendemos que es un valor estratégico. Defendemos el agua para que no se contamine, porque es parte del valor de una producción diferenciada como es la que tenemos en el Valle de Uco.
En el mundo existe minería no contaminante pero, claro, vale tres veces más. Acá ya se produjo una movilización gigante y si el gobernador quiere imponer la minería de vuelta, yo no creo que pueda terminar su gobierno.
Basta de debatir esas cosas. La megaminería con uso de sustancias tóxicas contamina siempre, ¿qué quieren demostrar? Además, en la zona del Valle de Uco el mineral está en la cabecera de nuestras cuencas. Si una empresa contamina arriba perjudica todo el resto.
-En el Valle de Uco, ¿qué proponen para mejorar la situación actual del agro?
-Estamos trabajando en cultivos de invierno. Hay propuestas de variedades de trigo, de hortalizas con bajo consumo de agua. Queremos evolucionar y hacemos un sacrificio muy grande para lograrlo. Venimos produciendo y buscando servicios de agua para cultivos de invierno, no nos quedamos quietos.
También trabajamos en turismo. Estamos haciendo alianzas con las cámaras de Tunuyán y Tupungato para hacer un recorrido turístico importante. El cambio no lo van a hacer los políticos sino los propios productores, porque esta clase política no puede elaborar un cambio. A la ruralidad la sostenemos nosotros, no los veo laburar a ellos.
-¿Qué sector rural está mejor y cuál está más complicado?
-El sector más complicado es el vitivinícola, porque la producción del vino está muy concentrada y si no se respetan los precios van a caer muchos productores primarios. Como decía anteriormente, el negocio del vino está centralizado y esta situación de muchos productores pero pocas bodegas, hace difícil la cosa para quienes trabajan la tierra.
En cambio, en el caso del orégano y el ajo, como hay más jugadores y tenemos una gran experiencia, no tenemos un nivel de preocupación tan alarmante. Hay mayor referencia y se ha sostenido el precio. Está más desperdigada la actividad y la relación oferta-demanda por haber mayor cantidad de compradores.
-Por su vínculo con Confederaciones Rurales Argentinas, ¿qué ve respecto a otras provincias?
-En las Confederaciones están reunidos los productores de Río Negro, de Neuquén, de Tucumán y de otras provincias de diferentes puntos del país. La lana se vino abajo, la carne bovina ha levantado precio, aunque no se exporta tanto como a niveles previos al inicio de la pandemia. La soja ahora aumentó el valor pero no tiene la rentabilidad de otros tiempos. Al igual que con el trigo y el maíz, el problema son las retenciones a la exportación, sin ellas habría mayor producción.
Hay problemas comunes que se ven en todas las provincias, como las cargas impositivas o las subas de precio del combustible. Con el último aumento de la nafta y el gasoil del 4,5%, si anualizamos la incidencia, deducimos que se le sacarán al sector productivo 8.000 millones de pesos extra, de los cuales el 47 % de esa factura son impuestos. Si no se baja el gasto del Estado y no se mejoran los costos de producción, será difícil salir adelante.
