Uno de los planteos que los distintos consultados realizan es que esperan que la nueva funcionaria presente un plan. Raúl Giordano, presidente de la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (Cafim), expresa con una analogía la necesidad de conocer cuál será el proyecto de la nueva titular de la cartera económica nacional.
En cualquier empresa, plantea, el CEO tiene un grupo de trabajo, un plan y los accionistas miden su desempeño y le piden resultados. En cierta forma, el presidente de la Nación sería el CEO, los ministros los gerentes y los accionistas todo el pueblo, representado por los diputados y los senadores.
Siguiendo con la comparación, Giordano señala que, en una compañía, el CEO presenta a los accionistas un plan de acción, con objetivos concretos, medidas a tomar y metas a cumplir. Y si bien entiende que un Estado tiene que atender ciertas cuestiones sociales, de todos modos, debe tener un presupuesto donde se definan los gastos, qué erogaciones están previstas y quién las puede hacer. Y el pueblo debe conocer hacia dónde se va y qué hay que hacer para llegar a ese destino.
Ante este desconocimiento, indicó, es muy difícil que la gente ponga en riesgo su empresa y se lance a una reingeniería o a hacer algo nuevo. En cambio, si uno sabe lo que viene, sumó, puede decidir si cierra, si cambia de rubro o de producto, si se achica o si se agranda.
Giordano señaló que no conocen cuál puede ser el perfil de la nueva ministra y están expectantes. De hecho, comentó que el miércoles (pasado) se iba a reunir de modo presencial con el titular del Banco Central, Miguel Pesce, para consultarle qué tienen pensado, ya que el sector agroindustrial tiene que invertir para sembrar, comprar envases y, en definitiva, producir. Por eso, aguardaban conseguir precisiones sobre qué quiere hacer el gobierno y cómo planean hacerlo.
De todos modos, resaltó que en los últimos seis meses la actividad privada se ha mantenido, pese a que la preocupación del gobierno nacional ha girado en torno a otros asuntos, como las designaciones en la Justicia, más que en acompañar a la economía. En esta línea, expresó que dudan que la situación cambie para mejor y que el sector productivo ha cosechado y ha elaborado, pero es difícil pensar a futuro si no se producen cambios importantes en torno a varias cuestiones, como la falta de insumos y los precios.
Giordano manifestó que, si bien la inflación ha crecido en todo el mundo, no lo ha hecho a los niveles en que ha trepado en el país. Y la crisis, aunque sea mundial, es mucho peor en Argentina. Esto genera la necesidad de saber qué sucederá, porque los productores deben podar, desinfectar, fertilizar y sembrar, pero cuando no es claro lo que va a pasar en los próximos 12 meses, no quieren invertir -optan por otras alternativas- o arriesgan mucho menos.
Mauro Sosa, director ejecutivo del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, manifestó que, hasta ahora, lo único concreto es que se ha cambiado la persona al frente del Ministerio de Economía, pero no ha habido anuncios que permitan hacer una proyección y comparar con la situación ya existente.
Y utilizó tres palabras para resumir el estado de ánimo de la gente: “incertidumbre, que va en aumento; preocupación, precisamente porque sólo se conocen opiniones aisladas de la ministra, defensora de las retenciones, que es un tema que a las economías regionales les impacta, y a la vitivinicultura en forma particular, pero no hay un programa definido de hacia dónde se quiere ir; y expectativa, porque para que esto se empiece a encaminar se requiere de un programa económico-social, respaldado por todas las fuerzas económicas del país”.
Asimismo, habló de la necesidad de que cada funcionario y legislador, desde el lugar que le corresponde, aporte ese “grano de arena político que le hace falta a este país para salir adelante” de una situación en la que sigue creciendo la inflación y hay restricciones para la provisión de muchos insumos que requiere la vitivinicultura. Es que subrayó que se pondera la importancia de las exportaciones, pero para poder elaborar esos productos que se venden en el exterior se deben traer elementos que la Argentina no produce.
Sosa sumó una cuarta palabra: “pesimismo, porque no se habla de temas estructurales, como las antiguas legislaciones en materia impositiva y laboral, ni de cómo se va a resolver el problema de la falta de mano de obra, producto de un asistencialismo que choca de frente contra el interés de trabajar”. A esto añadió que se sostienen las dificultades para abastecerse de gasoil y las de logística, tanto para conseguir contenedores como por los altos costos de los fletes.
El gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este indicó que los productores e industriales demandan una señal fuerte por parte de la clase política; un gran acuerdo entre los sectores políticos, económicos y sociales. Y que, entre tanto, se están frenando o “tirando hacia atrás” operaciones, porque nadie quiere perder, o no saben qué hacer con los precios.
Por su parte, Mario Bustos Carra, gerente general de la Asociación Olivícola de Mendoza (Asolmen) y de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, expresó su desconfianza con la procedencia partidaria de Batakis, pero también indicó que se le debe dar un tiempo hasta ver qué hace y también entender que se está haciendo cargo de un Ministerio en el que, evidentemente, la situación es compleja.
En este sentido, señaló que el fin de semana pasado se vivió una crisis política e institucional, que resintió aún más a la economía y que esto se vio reflejado en la suba abrupta del dólar y la caída de los bonos y títulos argentinos. Y se alineó en el reclamo de un plan económico, ya que, hasta ahora “sólo se han aplicado parches que, evidentemente, han fracasado” y no hay un rumbo fijo.
Bustos Carra manifestó que espera que la ministra empiece a dar precisiones lo antes posible, porque hay sectores que, ante la incertidumbre de lo que vendrá, paran las ventas. Pero también planteó que si va a mantener los cepos es un problema, porque se está recurriendo al dólar MEP o el contado con liqui, pero están en torno a los $270 y esa diferencia con el oficial se traslada a precios. Y, además, el 70% de los productos que se comercializan en el país tienen al menos un insumo importado.
Y expresó la importancia de que las políticas que se apliquen sean con previa consulta a los sectores involucrados y con una mirada de conjunto, para evitar que se repitan situaciones como la que se dio cuando se prohibieron las exportaciones de carne vacuna y -más allá de que no bajó el precio en el mercado local, como se buscaba- dejaron de llegar contenedores refrigerados al país, por lo que también se resintieron los envíos de carne de pollo y de cerdo.
