La ley de oferta y demanda, tal como nos enseña la economía clásica, nos dice que a menor oferta de algún bien, mayor será su precio. Por el contrario, si su oferta es abundante, el precio caerá.
El sector vitivinícola, producto de cambios en el consumo por incidencia de la pandemia, logró un crecimiento de ventas en el mercado interno del 6,5%, gracias a un repunte de consumo (Los Andes, Fincas 13/02/21). Ese escenario trajo aparejada una reducción muy marcada en los niveles de stock técnico, pasando de superar los siete meses a mediados del año pasado, a sólo 2,9 meses en febrero de 2021. A esto le podemos agregar que el Instituto Nacional de Vitivinicultura publicó su estimación de cosecha 2021 y calculó una merma de más de 9% respecto de la cosecha del año pasado en las uvas mendocinas. La reducción se venía preanunciando, por varios acontecimientos climáticos, pero no había sido comunicada oficialmente.
Con esto nos encontramos ante un panorama de una fuerte baja en la oferta y una alta demanda para hacer frente al aumento del consumo doméstico y del mercado externo, sin dejar de tener en cuenta el fenómeno inflacionario. ¿Qué debería pasar con los precios según la teoría? La mano invisible del mercado debería tonificar los precios hasta uno de equilibrio. ¿Qué está sucediendo? Los industriales ofrecen precios similares a los del año pasado, no actualizados por la inflación y por debajo de los costos de producción ($18 para uva criolla y $24 para el malbec. Los Andes, Fincas 13/02/21).
No obstante, cuando el escenario ha sido inverso, de alta oferta por mayor cosecha, los precios caían en mayor proporción de lo que suben frente a la reducción de oferta de uvas. Pareciera ser que la ley de oferta y demanda no aplica al mercado vitivinícola. Justamente, porque nos encontramos con un mercado escasamente competitivo.
En la actualidad existen cerca de 17 mil productores primarios y muy pocos agentes industrializadores y comercializadores con posición fuerte en el mercado. Para ilustrar esta situación se puede indicar que sólo tres agentes líderes llegan a satisfacer más del 90% del mercado interno de vinos comunes, apenas dos grandes compañías controlan más del 35% de las ventas en el mercado exportador y solamente un puñado de seis compañías suman otra proporción igual. Es decir: menos de diez agentes dominan las exportaciones de vino en las que existen más de 600 jugadores.
Entonces, el precio del vino en los diferentes submercados más que constituirse en base a la oferta y demanda, constituye un indicador de la relación de fuerza de distintos agentes que participan en esta cadena. La ley de oferta y demanda es un argumento esgrimido a la hora de fijar los precios del vino: cuando existe una sobreoferta, el precio tiende a bajar; pero cuando la oferta es escasa, el precio no sube con la misma tendencia. Además deben señalarse dos mecanismos a los que se recurre ante una recuperación del precio de la uva y que generan transferencia de renta del eslabón primario al resto: la utilización de las importaciones para regular el precio a la baja y la utilización de la uva tintorera (aspirant bouchet) para trasformar “blancos escurridos” en vino tinto, que tiene mayor valor en el mercado. A esta contienda por la distribución, incluso podríamos sumar a los trabajadores y contratistas de viña que se encontrarían entre los que tienen menor posibilidad de disputar excedentes.
Si observamos una serie histórica desde 2000, la dinámica de los precios no tuvo correlación con el sobrestock de algunos años (por encima del promedio de consumo) ni con la caída de la producción en otros años.
Tampoco podemos observar una correlación entre el precio en góndola al consumidor y el precio de traslado que obtiene el productor a lo largo del tiempo. Las mejoras en el precio de vino de traslado se perciben sensiblemente menores al aumento del precio ponderado al consumidor, incrementando la brecha entre precios pagados a productores y precio de góndola. Y si observamos la distribución de la renta por eslabonamiento, por ejemplo del vino tinto en envase tetrabrick, el productor primario se queda con el 8%, el sector elaborador con el 14%, el sector fraccionador con el 28% y el eslabón comercializador con el 50% (Ferreyra y Vera, 2018). Con esto podemos evidenciar el desigual reparto de la renta generada en este circuito productivo. No habiendo aparecido la mano invisible del mercado para hacer subir los precios de la materia prima, emerge el Gobierno provincial a marcar la cancha con el operativo de compra de uva y adelantos para cosecha y acarreo. De esta manera, intenta marcar tendencia para fijar precios comprando uva criolla para mosto a $20 el kilo y malbec desde $40 a $60 el kilo dependiendo la zona, pagando de contado, con depósito semanal tras presentación del comprobante único de ingreso de uva (CIU). Desde la Provincia aseguran que el poder de fuego del operativo permitirá adquirir la mitad de las uvas con destino a jugo concentrado y un tercio del malbec que se transa en el mercado, por lo que esperan que la puja por producto se dé todavía más arriba (Los Andes 11/02/21).
Desde el sector productor manifiestan que esta intervención es positiva (Gabriela Lizana, titular de Aproem: “El precio es el mínimo señalado por nosotros y esto nos permite continuar con la actividad”, Los Andes, 11/02/21) Mientras que para los bodegueros el ingreso del Estado como un jugador en el mercado no hace más que interferir en la relación entre el industrial y el productor (Patricia Freuler, presidente de Bodegas de Argentina “Siempre pensamos que el Gobierno no tiene que intervenir en esto sino que debe trabajar sobre la promoción para facilitar la comercialización del vino, sobre todo en la promoción internacional”, Los Andes 11/02/21).
En la disputa por la renta en el escasamente competitivo mercado vitivinícola, se convierte en imperiosa la intervención del Estado para no generar más distorsiones, asegurar un mínimo de rentabilidad al sector productor y que la transferencia de renta no siga profundizándose. De lo contrario, la concentración tenderá a agravarse, desaparecerán productores y hectáreas productivas, con todas las consecuencias sociales, económicas, laborales y demográficas que esto ocasiona. La realidad se impone a la teoría y nos muestra que el libre juego de la oferta y demanda no funciona en mercados donde existe alta concentración, sino que profundiza desigualdades y expulsa agentes del circuito productivo, aumentando el poder de mercado de los actores más grandes.
Es por ello que emerge la necesidad de la intervención estatal. No es casual el surgimiento de la Bodega Municipal “Raíces de Junín” en el corazón de la zona Este de Mendoza, donde reside la mayor cantidad de productores (la mayoría pequeños) y la mayor cantidad de producción de uvas. Incluso la instalación de una pulpera municipal en San Rafael nos da indicios de lo mismo: el sector más débil de la cadena productiva requiere la intervención del Estado como actor testigo, directo en el proceso de producción, que marque tendencia en la fijación de precios, para asegurar la subsistencia del productor y que no impere la ley del más fuerte.
A partir de 1976 con la dictadura cívico-militar y sobre todo en la década de los noventa, se instaló la idea del retiro del Estado de las actividades productivas para no interferir en las actividades privadas, asegurando de esta forma una mayor eficiencia. El Estado no debe intervenir en el mercado. Con esa idea se privatizó Bodegas y Viñedos Giol, empresa provincial mendocina que surgió con la idea de ofrecer infraestructura y proteger al pequeño y mediano productor. Amén de que su privatización fue diferente al resto debido a que fue adjudicada a una cooperativa de segundo grado (Fecovita). Frente a la realidad actual del mercado vitivinícola emerge nuevamente con fuerza el reclamo de la intervención estatal para asegurar un equilibrio en la distribución de la renta en la cadena vitivinícola y con ello evitar consecuencias negativas para toda la provincia.
*La autora es Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública
