Si bien la situación más severa afecta a la provincia de Buenos Aires, también alcanza al este y sur de Córdoba, parte este de La Pampa, sur de Santa Fe y algunas zonas de Entre Ríos. A fines del mes pasado un informe de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), estimaba la superficie afectada en 8 millones de hectáreas, que la fuertes lluvias de estos días elevan a 10 millones.
La entidad rural citada evalúa en 1.500 millones de dólares las pérdidas, número ahora incrementado por la superficie afectada. Hay regiones que están soportando inundaciones por tercer año consecutivo. Los daños recaen sobre los cultivos de invierno (trigo, cebada, avena).
Implican mayores costos de producción, almacenaje y comercialización de granos, menos áreas sembradas y cosechas de los cultivos de invierno. En el caso del trigo parte de lo sembrado es irrecuperable. Se estima que de los 10 millones de hectáreas afectadas al menos 1,5 millón no podrá ser utilizado en la campaña 2017-18.
La situación lógicamente afecta a la ganadería, tanto en la producción de carne, recuperación de stock destruido en la "década ganada" y la producción de leche.
Campos y caminos inundados impiden sacar el ganado para faena, pérdida de kilos por falta de alimento; con la producción de leche ocurre lo mismo.
En el caso de la recuperación del stock ganadero las inundaciones ocurren en la época de parición y la principal zona de producción de terneros. La cuenca del Salado es la más afectada.
Los productores informan de una importante mortandad de crías recién nacidas. De más está señalar que estos fenómenos que afectan la principal producción de alimentos (carnes, leche, harinas, pan) de nuestro país, puede terminar repercutiendo en los precios, por ende la inflación.
La situación descripta, que se repite periódicamente, obliga a una reflexión sobre las causas que la provocan, luego sobre las obras que los gobiernos deben poner en marcha para mitigar la situación actual, y tratar de evitar, en lo posible, su repetición. Sobre las causas se ha señalado el notable incremento de las precipitaciones atribuidas al cambio climático.
La suba de la napa freática en grandes superficies impide que los terrenos absorban las lluvias. Pero también hay causas provocadas por la acción humana. Obras públicas, como rutas y urbanizaciones, mal diseñadas y/o localizadas que obstaculizan el escurrimiento de las aguas hacia sus salidas naturales. Obras de propietarios privados de campos que "tiran el agua" a sus vecinos; hay cientos de canalizaciones de este tipo.
Lo mismo ocurre con las provincias: cada una trata de solucionar su problema sin demasiada consideración por las otras.
En este contexto es alentador, y así lo reconocen los afectados, destacar que se están realizando obras públicas importantes y otras están en curso de licitación.
Se destaca que el Gobierno de Cambiemos viene a modificar una política de corrupción y desidia de los gobiernos anteriores, y algunos casos de deliberados castigos al sector agropecuario. En la provincia de Buenos Aires hay obras en marcha por 100 millones de dólares, parte de un plan que totaliza 400 millones de la misma moneda.
En la provincia de Córdoba se ha adjudicado hace unos días una obra por 600 millones de pesos, largamente reclamada. Se trata de la reconstrucción del canal San Antonio que lleva las aguas del este de la provincia al río Carcarañá en Santa Fe.
Basta mencionar que este canal se construyó en 1939. Es un tramo de 180 kilómetros y desde su construcción, por falta de mantenimiento, había reducido un tercio su capacidad.
A pesar de los males el sector agropecuario, pilar de la economía nacional, estima que la cosecha del ciclo 2017-18 será similar al récord de la anterior. Elogiable.
