Esta semana, según comunicó oficialmente el viernes la Suprema Corte, quedará saldada una de las polémicas más intensas del gobierno de Alfredo Cornejo: el ítem Aula.
Se espera que a partir de hoy, los jueces del máximo tribunal estén en condiciones de dar a conocer su voto producto de la demanda de inconstitucionalidad que interpusieron los gremios docentes SUTE y Sadop.
Las especulaciones, tanto de fuentes judiciales como del propio Ejecutivo, apuntan en el mismo sentido: el aval sobre la constitucionalidad del adicional creado con el fin de reducir el ausentismo docente, y que a la luz de los datos oficiales, cumplió su objetivo. Aunque los sindicalistas observen que esa meta se cumplió, justamente, a costa de las propia salud de los maestros.
Lo cierto es que el ítem Aula tuvo dos fundamentos: uno de índole cultural, que asegura que si los docentes están en la escuela, los problemas de fondo de la educación (y particularmente de la pública) podrán a empezar a resolverse más rápido y más fácil que si ellos -como ya hizo gran parte de la clase media- también se van o eluden sus responsabilidades mediante los artilugios de un sistema que les facilita faltar.
El otro fundamento es de índole meramente instrumental: premiar a quien efectivamente cumple tareas frente a alumnos, en el aula, en detrimento de quien no lo está pese a cobrar como docente. Una prebenda que también se replica -con matices- en el sector de la salud y la justicia.
En el gobierno, incluso hasta se entusiasman con que puede darse el caso de que la constitucionalidad sea respaldada por unanimidad. Es decir, que los siete jueces supremos no tengan dudas de su legalidad y que tal vez dos o tres magistrados hagan observaciones menores que no transforman la decisión de fondo.
El ítem aula fue la inicial y más simbólica decisión que tomó Cornejo para ejemplificar que el Estado que él pretende debe prestar servicios públicos eficientes y de calidad.
Eso, en el ámbito de la educación, es imposible si por las razones más diversas los maestros y profesores faltan. Ninguna planificación, de contenidos ni de asignación presupuestaria, puede llevarse a cabo si el recurso humano no puede ser también una variable previsible.
De confirmarse las presunciones, el gobierno podrá encontrarse en estos días con claro triunfo político; pero también y especialmente, una victoria cultural. Tal vez una divisoria de aguas que lo acerque a su concepto de “Estado Nuevo” esbozado el 1° de Mayo en la Legislatura.
Un Estado, donde al margen de los roles, los derechos y obligaciones están encaminados más que a servir al gobierno o la corporación de turno, a satisfacer a los ciudadanos.
