Las modificaciones que se hicieron a la ley 7.722, que prohíbe el uso de algunas sustancias químicas para la explotación de minerales, abren las puertas a diecinueve proyectos mineros, y simplificará el camino para Hierro Indio SA, la empresa concesionaria del yacimiento que lleva el mismo nombre en Malargüe y que rompió con veinticinco años sin minería metalífera en Mendoza.
De esta forma, se reactivaría una actividad que movería recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares (valor bruto del mineral). El cálculo fue hecho por la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), que realizó un estudio sobre los recursos que podrían extraerse del suelo mendocino, y estimó que podrían generarse 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta (servicios).
Los proyectos que podrían avanzar a partir de la aprobación de las modificaciones son: Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre), los mismos que se incluyen en las estimaciones de producción a cinco años; y Papagallos (cobre y oro), Santa Clara (oro); Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (cobre).
Según explicó con anterioridad Raúl Rodríguez, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), se consideraron veinte proyectos para los que existe "algún tipo de información geológica", pero estos no implican la totalidad de recursos existentes en suelo mendocino.
Ingresos a mediano plazo
Camem proyectó que en los primeros cinco años y con siete minas en producción, podrían generarse 1.215 millones de dólares. La estimación comprende consumos en bienes y servicios por 456 millones de dólares, y otros 342 millones de dólares en producción, por el compre local.
En cuanto a la recaudación del Estado, la carga tributaria directa anual alcanzaría los 114 millones de dólares, y si se consideran los encadenamientos productivos la recaudación para la provincia sería de 213 millones de dólares.
El programa a mediano plazo contempla la producción de Sierra Pintada, San Jorge, Don Sixto, Paramillos de Uspallata, Elisa, Paramillos Sur y Hierro Indio, pero si se considera una producción a diez años, con la incorporación de Papagallos, Santa Clara, Barroso, Cerro Amarillo, Cajón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla, la estimación total sería por 6.452 millones de dólares.
Generación de empleos
La etapa productiva requerirá de 9.810 personas, pero se calcula que por cada uno de ellos se generan más de tres puestos de trabajo (29.430 empleos), y en total la producción crearía 39.240 puestos de trabajo.
Antes de entrar en producción, se generarían 32.450 puestos de trabajo de forma directa para la construcción de los emplazamientos, lo que daría lugar a 97.350 puestos de trabajo indirecto, o 129.800 empleos totales.
La estimación toma en cuenta los veinte proyectos pero, si se piensa en los mencionados anteriormente, la actividad podría comenzar en Mendoza con la generación de 17.550 puestos de trabajo en construcción y 8.070 en producción en el mediano plazo, entre mano de obra directa e indirecta.
Sortear la burocracia
Dentro de los veinte proyectos considerados, Hierro Indio es el que podría concretarse con mayor facilidad, ya que el proyecto que pertenece a la empresa Hierro Indio SA (de Alto Américas), obtuvo los permisos de exploración en setiembre y terminó con 25 años sin minería metalífera en la provincia.
El geólogo argentino Guillermo Re Kühl, presidente y principal accionista de la empresa Hierro Indio, precisó que por tratarse de un proyecto de bajo impacto ambiental y sin riesgo hídrico -porque utiliza magnetismo para la extracción del mineral-, el proyecto no tenía conflictos con la ley 7.722, pero los trámites burocráticos detuvieron el proyecto en 2014.
“El problema es que muchas veces los políticos están muy alejados de la realidad minera y petrolera porque desde el día 1 en que uno descubre algo pueden pasar siete años hasta que uno sabe si es viable o no económicamente, con lo cual estaría pasando por dos o tres administraciones. Sucedió con Potasio Río Colorado. Cuando Río Tinto (2006) lo llevó a la prefactibilidad la tonelada de potasio estaba en 1.200 dólares, hoy está en 300”, explicó al respecto.
Esos trámites burocráticos son los que podrían saltarse con la aprobación de las modificaciones a la ley. No se trata de no realizar estudios de Impacto Ambiental, sino que después de presentarlos a las autoridades competentes (Secretaría de Ambiente, municipios, entre otras), los titulares de los proyectos no tendrán que acudir a la Legislatura para un nuevo permiso y enfrentarse a discusiones de carácter meramente político.
"Queremos que los proyectos no pasen por la Legislatura. Se supone que en el recinto se busca que se avale un dictamen técnico y en lugar de eso encuentre trabas políticas", señaló Laureano Manso, coordinador del Clúster Energético de Mendoza (de la Unión Industrial de Mendoza), en coincidencia con lo planteado por Re Kühl.
Pasos para las nuevas iniciativas
Las Dirección de Minería es la encargada de efectivizar un apoyo a la producción minera y es quien concesiona o deniega los derechos sobre las áreas pero, con anterioridad, estos deben presentar sus informes de impacto ambiental.
"Todo proyecto minero que tenga como finalidad obtener concentrados o metales, aplicando cualquier método de explotación e industrialización, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) deberá contener los informes sectoriales municipales del lugar donde pretenda ejecutarse, del Departamento General de Irrigación, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), y de otros organismos que considere la autoridad de aplicación como necesarios. Además se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la ley provincial 5.961 Preservación del Medio Ambiente", según se explica en el artículo 3 de la ley 7.722.
La Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, y dentro de ésta, la Policía Ambiental, será la encargada de llevar el control y el seguimiento de "todo emprendimiento que pueda provocar un impacto ambiental", y el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control sobre el uso del agua (ver página 8).
La ciudadanía podrá ejercer control ambiental desde la red de Vigilancia Ambiental y el Poder Ejecutivo reglamentará su integración y funcionamiento.
Finalmente, se realizarán audiencias públicas por municipios, en los departamentos en donde se localicen los proyectos.
