El grupo derechos pidió una investigación “investigación exhaustiva, imparcial y transparente” de la reciente violencia comunitaria que culminó en la destrucción de casas y almacenes, la mayoría pertenecientes a familias musulmanas de escasos recursos, por parte de las autoridades indias. La demolición ilegal de propiedades de musulmanes en el país asiático podría “constituir un castigo colectivo”, aseguró el jueves 14 de abril Amnistía Internacional sobre los “incidentes de violencia comunitaria” en varias ciudades indias esta semana.
Las autoridades locales tuvieron que imponer toques de queda en diferentes ciudades de cuatro estados, incluidos Gujarat y Madhya Pradesh, luego de que estallaran los enfrentamientos durante el festival hindú de Ram Navami este lunes. Al menos una persona murió y varias casas y tiendas fueron incendiadas en medio de la violencia entre grupos hindúes y musulmanes. En Khargone, una ciudad en el estado central de Madhya Pradesh, “presuntamente se levantaron consignas provocativas cerca de una mezquita durante las celebraciones de Ram Navami, lo que provocó disturbios, lanzamientos de piedras y violencia”, señala un comunicado de Amnistía Internacional.
Los funcionarios pronto aseguraron que habían identificado a los agitadores y que “los daños se recuperarán de (su) propiedad pública o privada”. A continuación, las autoridades procedieron a demoler varias propiedades y casas, la mayoría de ellas pertenecientes a “familias musulmanas económicamente desfavorecidas”, agregó el comunicado. Aakar Patel, presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional India, condenó los “acontecimientos profundamente preocupantes” y dijo que la “acción ilegal de demoler propiedad privada de personas sospechosas de disturbios, presuntamente sin previo aviso u otras garantías procesales, es un duro golpe para el Estado de derecho”.
“La mayoría de las propiedades demolidas pertenecen a musulmanes. Tal demolición punitiva de viviendas de familias de sospechosos también podría constituir un castigo colectivo, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”, agregó. Además de una investigación rápida y justa para llevar a los perpetradores ante la justicia, las víctimas también deben recibir una reparación adecuada, enfatizó el activista. “Es deber del Estado proteger a todas las personas dentro de su jurisdicción, incluidas las comunidades minoritarias”, destacó Patel.
India ha sido escenario de un fuerte aumento del discurso de odio y las acciones contra los musulmanes desde que el partido gobernante, Bharatiya Janata, del primer ministro Narendra Modi llegó al poder en 2014. El gobierno de Modi ha perseguido a Amnistía Internacional por expresar su preocupación por el historial de derechos humanos del país, lo que obligó al grupo a detener sus operaciones en India en septiembre de 2020.
