El presidente de Colombia, Iván Duque, se dirigía en el helicóptero presidencial junto con el titular de Defensa, Diego Molano, cuando de pronto fueron atacados a balazos. Aunque no hubo heridos, el mandatario denunció el hecho como un “cobarde atentado”.
En el helicóptero, que recibió entre tres y seis disparos, según los principales medios de Colombia, viajaban también el ministro del Interior, Daniel Palacios, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.
La nave había salido del municipio de Sardinata y se aprestaba a aterrizar en Cúcuta, en el departamento Norte de Santander.
Según la información oficial, los balazos partieron de barrios cercanos al aeropuerto y Duque explicó que “tanto el dispositivo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal”.
“Lo cierto es que fue un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala. Como Gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día, en nuestra lucha contra el narcotráfico y los grupos criminalizados que operan” en el territorio, remarcó el jefe de Estado.
Un rato después de que circularan las primeras informaciones sobre el ataque, Duque grabó una breve declaración en la que insistió que su Gobierno “no se amedrenta con violencia ni con terrorismo”.
“El Estado es fuerte, Colombia es fuerte. El Estado hace presencia en todos lados”, expresó Duque, que dijo que dio “instrucciones muy claras de ir detrás de quienes dispararon” contra el helicóptero.
La máquina en la que viajaban Duque y los ministros Molano y Palacios es una Black Hawk blindada y logró, pese al ataque, un aterrizaje normal.
El sitio del diario El Tiempo señaló que en estos momentos se desplegó un operativo “candado” en el barrio Camilo Daza de Cúcuta, desde donde aparentemente salieron los disparos.
Las operaciones en la terminal área fueron suspendidas de inmediato. Duque y sus acompañantes regresaban de Sardinata, donde entre las 11 y las 15 (las 9 y las 13 de Argentina) hubo un encuentro con autoridades regionales para explicar las inversiones hechas en la región del Catatumbo.
Cúcuta es la ciudad centro político, económico, industrial y cultural del departamento, está sobre la frontera con Venezuela y es la sede de los poderes regionales.
A mitad de mes, un coche-bomba explotó en la Brigada número 30 del Ejército, en el cantón San Jorge de Cúcuta, con un saldo de 36 heridos, en un hecho que el Gobierno también atribuyó a un atentado terrorista, pero que ninguna organización se atribuyó.
Por el momento, varios militares están siendo investigados y los oficiales a cargo de la seguridad del cuartel ya fueron dados de baja.
Esa brigada militar se considera clave porque suele ser sede del asentamiento de asesores castrenses de Estados Unidos que trabajan junto con los uniformados colombianos desplegados en la zona fronteriza con Venezuela, donde hay activos grupos guerrilleros, paramilitares y cárteles del narcotráfico.
El diario El Nuevo Siglo detalló que, según fuentes oficiales, en la región se “identificaron 21 formas distintas de criminalidad, desde narcotráfico y disidencias guerrilleras hasta grupos dedicados a la trata de blancas y la minería ilegal”.
En Sardinata, Duque estuvo con siete ministros en total para explicar detalles del plan de inversiones “Catatumbo sostenible”.
La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez fue de las primeras en solidarizarse con Duque, en su Twitter: “Dios guarde a Colombia y al presidente. Los terroristas y el narcotráfico no podrán amedrentar jamás a esos 49 millones 900.000 colombianos honestos que trabajamos por un futuro de progreso y equidad para toda Colombia”.
El senador nacional por el Polo Democrático Wilson Arias, en tanto, se preguntó “qué gana el país cuando unos criminales atentan contra Duque”.
“Absolutamente nada, pero sí gana él en lástima y en su discurso fascista. A la derecha se le gana en las urnas y con argumentos; mi rechazo a la macabra estrategia de usar la violencia, venga de donde venga”, completó su mensaje.
Finalmente, el titular de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, repudió “categóricamente el atentado” contra el helicóptero.
Desde fines de abril, Colombia atraviesa una situación de crisis social y política, ahora parcialmente contenida, después de casi dos meses de paro nacional y movilizaciones permanentes, con cortes de calles y rutas, disparada inicialmente por un proyecto de reforma tributaria regresiva.
Aunque el Gobierno desistió de esa iniciativa, el Comité Nacional del Paro levantó un pliego de otras varias demandas sociales y políticas, incluyendo la necesidad de garantizar protestas pacíficas ante la represión de las fuerzas policiales, cuestionadas también por la OEA, la CIDH, la UE y la ONU.
