Soldados de Ecuador requisaron hoy una cárcel de Guayaquil donde una pelea de presos dejó esta semana 116 muertos, varios de ellos decapitados y mutilados, en la peor tragedia de la violenta historia penitenciaria del país, mientras forenses seguían las tareas de identificación de cuerpos y figuras de la oposición apuntaban al Gobierno por la matanza.
Dos días después de los enfrentamientos, y amparados por un decreto del presidente Guillermo Lasso que puso ayer al sistema carcelario del país bajo estado de excepción, soldados buscaron hoy armas y explosivos en la Cárcel Número 1 de la ciudad occidental y portuaria, conocida como Penitenciaría del Litoral, informaron autoridades.
De manera paralela, una veintena de médicos legistas y técnicos disectores llegados desde otras partes del país a Guayaquil, el corazón económico del país, continuaban con las tareas de identificación de los cadáveres para poder entregarlos a sus familiares, decenas de los cuales aguardaban angustiados a las afueras de la morgue judicial de la ciudad.
Pelea por el poder carcelario
Autoridades dijeron ayer que la masacre del martes fue resultado de una pelea entre presos vinculados a bandas internacionales de narcotraficantes por el “control” de la prisión, un incidente que volvió a poner de manifiesto la severa crisis de superpoblación y violencia que aqueja al sistema carcelario ecuatoriano desde hace tres años.
Otros 80 reclusos sufrieron heridas, agregaron las autoridades. Solo en lo que va de año han muerto en este tipo de incidentes más 230 presos y el epicentro indiscutible ha sido el complejo penitenciario de Guayaquil que hoy volvió a ser noticia. Pero la violencia no se limita a esa prisión; la ciudad misma es uno de los focos de la actividad delictiva del país por su carácter portuario. Desde agosto, han sido asesinadas en las calles más de 430 personas.
Políticos opositores y organismos de derechos humanos locales han achacado la crisis penitenciaria al desmantelamiento de instituciones, incluidos ministerios, relacionados con el sistema carcelario, decidida por el anterior Gobierno del presidente Lenín Moreno y apoyadas en su momento por el actual presidente Guillermo Lasso. Además, Lasso, asumido en mayo pasado, había prometido durante su campaña que reformaría el sistema penitenciario “para evitar el exceso de personas privadas de la libertad en las cárceles” y “acabar con las mafias nacionales e internacionales, que operan desde adentro”.
”Esto es fruto del desmantelamiento del Estado en Gobierno de Moreno con aplauso de Lasso y prensa. Eliminaron Ministerio Coord. de Seguridad, Interior, Justicia, Escuela de Guías, etc.“, escribió hoy en Twitter el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que vive en Bélgica y es uno de los principales críticos de Moreno y Lasso.
El gobernador de la provincia de Guayas -cuya capital es Guayaquil-, Pablo Arosemena, dijo por redes sociales que la requisa en la Penitenciaría del Litoral era una operación conjunta con la Policía. Se trata, dijo, de una “operación de requisa en varios pabellones de la Penitenciaría del Litoral” y se lleva a cabo “en el marco del estado de excepción decretado para continuar retomando el orden”. Según imágenes difundidas por la Gobernación de la provincia de Guayas, cientos de miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos de unidades de elite, participaron del operativo.
La posibilidad de que el Ejército entrara en la prisión quedó abierta ayer por el decreto emitido por Lasso que puso en estado de excepción todo el sistema penitenciario (SNAI). Ese estado estará vigente durante “60 días a nivel nacional, sin excepción alguna”, estableció el decreto.
”Es lamentable que a las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas delincuenciales”, remarcó Lasso en una conferencia de prensa en Guayaquil en la que aseguró que el Estado no cejará en su afán de “recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador“.
Según algunos expertos, la crisis carcelaria empezó en 2018, con Moreno en la Presidencia, cuando una serie de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos del crimen organizado y el narcotráfico en la frontera con Colombia marcaron una escalada en la delincuencia en el país y dejaron al descubierto la influencia de ciertos carteles extranjeros, entre ellos mexicanos.
Ecuador es un país de paso para la droga que sale desde los vecinos Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos y Europa.
Como ya ha hecho en otras ocasiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer los hechos de violencia en la Penitenciaría del Litoral y pidió a Ecuador “investigar de oficio y con debida diligencia los hechos”.
