Tras una condena de cuatro años, reducida a dos, por incitar a la violencia e infringir las normas contra Covid-19 el mes pasado, la ex dirigente Aung San Suu Kyi cumple ahora un total de seis años de prisión, que seguramente cumplirá en arresto domiciliario. La Premio Nobel de la Paz, de 76 años, cumple su primera condena en el lugar donde ha estado incomunicada desde su detención hace casi un año.
El juicio, que se está celebrando a puerta cerrada en un tribunal especialmente creado para ello en la capital, Naypyidaw, puede durar aún meses, ya que quedan por investigar casi una docena de cargos. Sedición, corrupción, incitación al desorden público y fraude electoral, entre otras acusaciones que se dieron en los últimos meses contra Suu Kyi.
La organización Human Rights Watch señaló, no sin ironía, que la Junta debía acusarse a sí misma de importar los walkie-talkies, ya que los guardaespaldas a los que pertenecían habían sido nombrados por un ministerio bajo control militar en aquel momento. Según la fiscalía, el contrabando se descubrió durante el registro de la residencia oficial de Aung San Suu Kyi cuando fue detenida.
Según la misma organización, la revolución popular no depende de un solo líder o partido político. La influencia política de Aung San Suu Kyi ha disminuido mucho desde el golpe de Estado, con una nueva generación que se ha levantado contra la Junta y tiene opiniones más progresistas. A consideración de esta organización, la gente espera que Aung San Suu Kyi pase el resto de su vida en prisión, por lo que la revolución se ha construido como un movimiento de masas, unido tras un único objetivo: derrocar a la Junta.
