Bolivia afirmó que el pronunciamiento de un alto funcionario del Gobierno de EE.UU. sobre la violencia en el país, tras el arresto de un gobernador opositor, “podría entenderse” como una “transgresión” al principio de “no injerencia” entre ambos países.
El vicecanciller Freddy Mamani Machaca consideró que el pronunciamiento del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Brian A. Nichols, “no es común” y que “podría entenderse como una transgresión a los principios de respeto mutuo y no injerencia”, según cita un comunicado de la Cancillería boliviana.
Durante la jornada de ayer, Nichols señaló su preocupación por “los reportes de violencia en Bolivia” desde el pasado 28 de diciembre, jornada en que se arrestó al líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por una acusación de terrorismo en el caso llamado “golpe de Estado I” relacionado con la crisis política de 2019.
“Exhortamos a todos los bolivianos a dialogar por la paz y la unidad y respetar los derechos humanos, que incluyen el debido proceso y la libertad de expresión, establecidos en la CPE y convenciones internacionales”, manifestó en un mensaje en Twitter.
La Policía activó un polémico operativo para trasladar a Camacho de la oriental Santa Cruz a La Paz, en donde un juez dictó cuatro meses de detención preventiva en una cárcel de máxima seguridad a 35 kilómetros de esa última ciudad. Esto desató las protestas de los partidarios del gobernador junto a varios enfrentamientos con la policía en los que hubo daños de consideración a varias instituciones públicas además de decenas de detenidos.
Al respecto, el vicecanciller boliviano consideró que las palabras de Nichols “expresan la preocupación internacional que se produjo por los hechos de violencia protagonizados por grupos de choque afines al Comité Cívico de Santa Cruz”, organización que ha liderado las manifestaciones que exigen la libertad de Camacho. Machaca también acusó a la institución cívica de promover la quema de Fiscalía Departamental de Santa Cruz, la mayor región boliviana, y de provocar destrozos en la vivienda de un ministro.
El caso “golpe de Estado I” proviene de una denuncia que presentó una exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) a finales de 2020 por las protestas que derivaron, un año antes, en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Para el Gobierno aquello significó un “golpe de Estado” mientras que para la oposición se trató de una reacción de la población a un fraude electoral en las frustradas elecciones de 2019.
