Además de las manifestaciones y de las elecciones, el año 2021 estuvo marcado en Chile por la continuación de la lucha contra el Covid-19: se implementó la vacunación masiva, que avanzó incluso hasta las dosis de refuerzo, pero la crisis sanitaria tuvo consecuencias sociales y económicas, como el aumento de los campamentos en el país, situación que se vio agravada por la masiva llegada de ciudadanos extranjeros, que llevó incluso al colapso a localidades del norte.
Desde el punto de vista electoral, el bajo porcentaje de participación en las últimas elecciones en las que ganó el izquierdista Boric demuestra que las diferentes alternativas que se arrogaban la representación de los sectores populares no han logrado conformar las demandas de los sectores populares. La crisis económica, desencadenada en 2020 por efectos de la pandemia y arrastrada desde el año anterior con el estallido social, ha profundizado las precariedades en las cuales se desenvuelve la población en general. Además, los problemas estructurales, asociados a la inestabilidad laboral, el sistema de pensiones, los graves problemas del sistema de salud, las inequidades en educación o la desigual distribución de la riqueza, no han concitado el interés efectivo de la élite política.
Cabe recordar que Piñera declaró en varias ocasiones durante este último año el “estado de emergencia” debido a revueltas en la región sur de Chile, donde los movimientos indigenistas reclamaban distintas cuestiones a pesar de que se proclamó, luego de lo acontecido durante 2019, que hubiera una representación afín dentro del gobierno con la designación de Elisa Loncón, la profesora mapuche elegida presidente de la Convención Constituyente de Chile.
A esto se le suma la crisis migratoria por la frontera con Bolivia, zona en la que entran a diario de forma irregular centenares de migrantes, situación que se extiende por décadas en el lugar pero que se masificó en el último año debido a la pandemia y a una legislación chilena más restrictiva para la entrada de extranjeros. De las cientos de personas que ingresan a diario, la mayoría son de nacionalidad venezolana y buscan mejorar sus condiciones de vida tras sufrir una profunda crisis política, social y económica en su país.
Y en este contexto el electo presidente tendrá que articular con los distintos sectores del gobierno para poder conformar una estrategia que atienda a los múltiples problemas que tiene Chile, tarea que, en palabras de la vocera de Boric, le plantearán al próximo gobierno “un escenario complejo, un escenario de crisis, la cual se profundizó por la pandemia. Lo que estamos haciendo desde el Frente Amplio y Apruebo Dignidad particularmente es, digamos, el diálogo y la coordinación con las organizaciones y los movimientos sociales, que son aquellos que pueden darle sustento también al gobierno de acá a cuatro años”.
Por todo esto, Boric tendrá que cultivar el arte del equilibrio. Tiene frente a él una sociedad que espera mejoras inmediatas en su economía, golpeada por la pandemia, y al mismo tiempo que dé soluciones a problemas estructurales muy antiguos. La amenaza de la frustración puede ser el principal lastre a una gestión que ha creado las mayores expectativas desde el regreso a la democracia en 1990.
A su vez, Chile se enfrenta también a otra novedad: una coalición que no es como ninguna de las anteriores, aquellas que condujeron la transición democrática durante 30 años. Fueron dos grandes bloques, uno de centro-izquierda, la Concertación, y otro de centro-derecha, que tuvo con Sebastián Piñera dos experiencias presidenciales. Apruebo Dignidad, la que apoya a Boric, surge de la unión del Frente Amplio y el Partido Comunista.
A partir del 11 de marzo, fecha en que asume el nuevo presidente, todas estas cuestiones tendrán que estar organizadas dentro de un plan estratégico que le permita a Boric gobernar y responder a las expectativas que lo envuelven, ya que la situación se manifiesta delicada en tiempos de renovación regional y anhelos de recuperación integral.
