Entró en vigor la ley de Prevención del Trabajo Forzado Uigur, que impone estrictas restricciones a la importación a Estados Unidos de productos procedentes de la región china de Sinkiang. Las empresas que importan bienes desde la región de mayoría uigur deben ahora demostrar que estos no se producen a través del trabajo forzado.
Además, en virtud de la ley, promulgada en diciembre del año pasado por el presidente estadounidense, Joe Biden, las personas extranjeras responsables del trabajo forzado en Sinkiang se enfrentarán a sanciones. Washington ha informado que, en el marco de la ley, podría tomar medidas contra otros Gobiernos y empresas que continúan haciendo negocios con Sinkiang.
EE.UU. y otros países acusan a China de aplicar una política de genocidio contra los uigures y otras minorías musulmanas de la región. Según datos de la ONU, al menos un millón de uigures son mantenidos contra su voluntad en lugares que Pekín llama “centros de formación profesional”, pero que los críticos definen como campos de reeducación política, abusos y tortura. China ha negado repetidamente haber actuado mal y ha descartado las acusaciones como “mentiras y un virus político”.
El Congreso estadounidense, al basarse en un informe del Departamento de Estado de 2020, dijo que a las empresas chinas se les ofrecen incentivos “para abrir fábricas muy cerca de los campos de internamiento y para recibir a detenidos transferidos a lugares de fabricación de satélites en otras provincias”. Además, acusó a los Gobiernos locales de recibir “fondos adicionales por cada recluso obligado a trabajar en estos sitios por una fracción del salario mínimo o sin compensación alguna”.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, rechazó la ley como “una forma de reprimir a China bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos”. “EE.UU. socava las reglas internacionales y daña la estabilidad de las cadenas de suministro”, dijo en una conferencia de prensa en Pekín este martes, según el diario chino Global Times.
Jim Wormington, defensor de la responsabilidad corporativa en la ONG Human Rights Watch, aseguró que la nueva ley significa que “el negocio no seguirá como hasta ahora para las empresas que se benefician del trabajo forzado en China, y en especial en Sinkiang”.
