El ejército ruso incrementó la ofensiva sobre Járkov, la segunda ciudad más grande del país. Allí se registraron imágenes de edificios residenciales destruidos y las autoridades locales informaron que hubo al menos 11 muertos y decenas de heridos.
Para estos ataques contra la población civil, Rusia habría utilizado bombas de racimo, lo que implicaría el uso de armamento prohibido y, por ende, un crimen de guerra.
Su principal característica es que posee un dispositivo que, al liberarse, esparce muchas bombas de menor dimensión. Estos explosivos, al no contar con un mecanismo de guía preciso, pueden impactar en una zona demasiado amplia. Mientras el artefacto original cae, las aletas de su parte inferior empiezan a girar y a abrirse a distintas alturas. La combinación entre la velocidad de giro (hay hasta 6 distintas) y las altitudes (entre 1.000 u 90 metros) establece el área que cubren las submuniciones, detalló Infobae.
Además, tienen un margen de error extremadamente alto -5%-, por lo que muchas de las municiones pueden no detonarse y, como sucede con las minas, hacerlo mucho tiempo después. Asimismo, su poder explosivo es capaz de perforar vehículos blindados.
“Suelen explotar en el aire y envían docenas, incluso cientos, de pequeñas bombas sobre un área del tamaño de un campo de fútbol. A menudo no explotan en el impacto inicial, dejando restos que actúan como minas terrestres”, detalló la ONG Human Rights Watch.
Por su parte, una fuente militar explicó al DailyMail que “el BM-21 Grad es un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple que se utiliza para la ‘negación de área’, lanzando bombas de racimo en un área concentrada”. “Se utiliza principalmente contra las tropas enemigas antes de una ofensiva. Utilizado contra civiles, no sólo es un crimen de guerra, sino que tiene un único objetivo: sembrar el terror y la alarma entre la población”, añadió.
Por todas estas razones, su utilización fue prohibida a través de la Convención sobre Municiones en Racimo, que se firmó el 1° de agosto de 2010, con colaboración de la sociedad civil y las organizaciones internacionales. Hasta ahora, 110 países se comprometieron a cumplirla. No obstante, vale aclarar que en ese convenio internacional no figura la adhesión de Rusia ni Ucrania.
El tratado contempla tres aspectos fundamentales: la prohibición de su uso, desarrollo, producción, almacenamiento y transferencia; la destrucción de las reservas que cada país pudiera tener de este tipo de armamento y la limpieza de las áreas que resultaran contaminadas; y la cooperación internacional para aplicar los dos puntos anteriores.
Por otra parte, no sería la primera vez que Rusia habría usado bombas de racimo desde que desató la invasión a Ucrania el jueves. Según Amnistía Internacional, también las utilizó para destruir una escuela en Okhtyrka el viernes pasado, en un bombardeo en el que murieron tres personas, entre ellas un niño. El ataque “parece haber sido llevado a cabo por las fuerzas rusas, que operaban en las cercanías, y que tienen un historial de uso de municiones de racimo en zonas pobladas”, dijo la reconocida ONG.
A su vez, Human Rights Watch había asegurado el sábado que otra bomba de racimo impactó a las afueras de un hospital en Vuhledar, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, lo que causó la muerte de cuatro civiles y dejó diez heridos, seis de ellos trabajadores sanitarios. “Este ataque cruel ha matado y herido a civiles, y dañado un hospital”, expresó en un comunicado el director de armas de HRW, Steve Goose, que llamó a las fuerzas rusas a dejar de usar munición de racimo y a “frenar los ataques ilegales con armas que matan y mutilan de manera indiscriminada”.
