El Ejército de Myanmar dio hoy un golpe de Estado y detuvo a los principales políticos, entre ellos a la Nobel de la Paz y activista prodemocrática Aung San Suu Kyi, en una abrupta marcha atrás en el complicado proceso de retorno a la democracia de la nación del sudeste asiático tras casi medio siglo de dictadura.
Un anuncio leído en el canal de televisión de las Fuerzas Armadas informó a los casi 54 millones de habitantes que el Ejército tomará el control del país por un año y dijo que la decisión se hizo necesaria porque el Gobierno civil liderado por Suu Kyi no hizo nada sobre las denuncias de los militares de fraude en las elecciones de noviembre pasado.
El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), ganó los comicios por amplia mayoría, pero el Ejército, que nunca cedió el poder del todo a los civiles, denunció irregularidades y reprochó al Gobierno haber decidido celebrar las elecciones en medio de la pandemia de coronavirus.
La toma del poder se realizó sin violencia ni resistencia justo el día de inauguración de sesiones del Parlamento surgido de los comicios de la polémica y luego de varias jornadas de rumores de que el Ejército planeaba un nuevo golpe de Estado.
Los militares dijeron que sus acciones tenían una base legal: una sección de la Constitución elaborada por ellos mismos que los autoriza a tomar el control del país ante una emergencia nacional.
Pero el partido de Suu Kyi y gran parte de la comunidad internacional dijeron que se trató de un golpe de Estado.
Los acontecimientos constituyen una dramática regresión para Myanmar, la ex-Birmania, que a duras penas estaba tratando de salir de décadas de Gobiernos militares y de un ostracismo internacional que había comenzado en 1962.
También representan una impactante caída de Suu Kyi, quien había pasado años bajo arresto domiciliario por sus esfuerzos por restablecer la democracia y que tras su liberación se había convertido en la líder de facto del país gracias a la victoria de su LND en las elecciones de 2015, que marcaron el retorno a un cierto Estado de derecho.
Aunque Suu Kyi fue una férrea adversaria del Ejército durante sus años de detención, tras su libertad y su regreso a la política trabajó en estrecha colaboración con los generales.
La dirigente de 75 años siguió siendo muy popular en Myanmar, pero su apoyo incondicional al Ejército, incluyendo su brutal represión de la minoría musulmana de los rohingyas -que Estados Unidos y otros países han denunciado como un genocidio-, hizo añicos su reputación mundial y la convirtió en una paria internacional.
Sin embargo, el golpe de Estado suscitó una avalancha de condenas internacionales. Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea (UE) denunciaron de inmediato el golpe.
El líder golpista de Myanmar está acusado en la justicia argentina
El jefe del Ejército de Myanmar, el general Min Aung Hlaing, quien hoy se hizo con el control total de su país con un golpe de estado repudiado por la mayoría del mundo, tiene una causa abierta en la Argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, por crímenes de genocidio contra la minoría musulmana rohingya.
“Lo que está pasando en Myanmar ahora es un elemento que debería convencer aún más a la jueza de que es muy importante ejercer el principio universal por estos hechos atroces”, explicó Tomás Ojea Quintana, exrelator de la ONU para Myanmar y uno de los que impulsa la demanda que ingresó al juzgado de María Romilda Servini en noviembre de 2019.
En ese momento, grupos de derechos humanos rohingyas, latinoamericanos y argentinos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una demanda invocando el principio de jurisdicción universal, que sostiene que algunas acciones, como crímenes de guerra y contra la humanidad, son tan espantosos que no son competencia de una sola nación y pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo.
“Se presentaron cinco mujeres que fueron violadas en manada en un pueblo en el estado de Rakhine frente a sus hijos y esposos que luego fueron asesinados”, contó Ojea Quintana, abogado de derechos humanos argentino, quien recordó que “los asesinatos y las violaciones fueron acreditadas al detalle en un informe de la ONU en 2018”.
La violencia y el desamparo de esta minoría musulmana fue tal en 2017, que en solo unos meses, más de 740.000 rohingyas escaparon solo con lo puesto, cruzaron un río y hasta corrieron entre ráfagas de ametralladoras para alcanzar la frontera y refugiarse en el vecino Bangladesh, uno de los países más pobres de la región, donde aún viven apiñados en campos administrados por la comunidad internacional.
La demanda, que cayó en manos de Servini y el fiscal Guillermo Marijuan, acusó a la cúpula militar y los comandantes que actuaron en el estado de Rakhine de “ser los responsables directos del genocidio” contra la comunidad rohingya, y señaló a los líderes políticos del gobierno, hoy detenidos y víctimas del golpe de estado, por su “connivencia” en estos crímenes de lesa humanidad.
